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Colombia: Actualidad:
1989:
En agosto el ejército se apodera de 7.000 hectáreas de los narcotraficantes. En respuesta, el 18 de agosto de 1989 es asesinado el candidato presidencial conservador, Luis Carlos Galán. Se declaró el el estado de emergencia y el Gobierno se mostró favorable a la extradición de narcos detenidos. Los atentados se sucedieron especialmente en Bogotá, Medellín y Cali, sedes de los narcotraficantes. Estos amenazaron con matar diez jueces por cada narcotraficante extraditado. Tras el asesinato de Carlos Ernesto Valencia los jueces colombianos se declararon en huelga durante una semana. Las oficinas de un diario y tres bancos de Bogotá sufrieron atentados y durante la semana del 26 de octubre al 4 de noviembre, un magistrado, un congresista, un líder de la izquierda y seis policías fueron asesinados. El accidente de un avión colombiano, en el que murieron 107 personas fue considerado obra de los narcotraficantes. En otro atentado a un edificio de la policía murieron 35 personas y centenares resultaron heridas. En diciembre José Gonzalo Rodríguez Gacha fue muerto en un enfrentamiento con el Ejército.
El ELN continuó sus ataques en las regiones de Arauca y Magdalena. Otros movimientos guerrilleros como el M-19, el Ejército Popular de Liberación y algunas facciones de la FARC aceptaron la oferta del presidente Virgilio Barco, en septiembre de 1988, para abandonar las armas y dedicarse a la actividad política. El 8 de marzo de 1898 el vicepresidente de la Unión Patriótica, José Antequera, fue asesinado por los escuadrones de la muerte. La Unión Patriótica estaba actuando como intermediadora en las conversaciones de paz. En septiembre, la ministro de Justicia Mónica de Greiff, dimitió y se trasladó a EE.UU. por temor a las acciones de los traficantes.
En 1990 fue nombrado presidente César Gaviria, que impuso la guerra contra contra la guerrilla, alternando las acciones militares y políticas. Después del M-19 dejaron las armas 2.000 integrantes del llamado Ejército Popular de Liberación; en tanto que, a pesar de las dificultades, seguían las negociaciones con los otros grupos, como el ELN y las FARC. Paralelamente, consiguió notables éxitos frente al narcotráfico a lo largo de 1990 y 1991, con la entrega de algunos de los principales narcotraficantes, los hermanos Ochoa y Pablo Escobar, aunque este último huiría de la prisión y sería abatido más tarde por las fuerzas del orden. Se apuntó también importantes avances con la aprobación de una nueva Constitución, el 4 de julio de 1991.
En política económica hubo fuertes costes sociales y un recrudecimiento de la violencia gerrillera del ELN y las FARC a lo largo de 1992. El problema de la producción y venta de drogas seguía siendo uno de los grandes retos para las autoridades.
Presidencia de Ernesto Samper:
Las elecciones de mayo-junio de 1994 dieron como resultado el triunfo del Partido Liberal y la sustitución de César Gaviria, el 7 de agosto de ese año, por Ernesto Samper. Casi inmediatamente se supo que el partido en el poder había recibido de importantes narcotraficantes seis millones de dólares para financiar la campaña electoral. Se creó un vacío de poder, aprovechado de inmediato por los guerrilleros y paramilitares, para obtener mejores posiciones. En junio de 1996, en una reñida votación, la Cámara de Representantes decidió exculpar a Samper de los cargos que pesaban contra él, en una decisión que fue muy discutida en todos los estamentos políticos y sociales. En un ambiente de violencia generalizada, a finales de 1997 se celebraron elecciones locales y en marzo de 1998 las legislativas. En ambas el Partido Liberal consiguió la mayoría, pero en las presidenciales del 21 de junio el candidato liberal, Horacio Samper Uribe, fue derrotado por el conservador Andrés Pastrana Arango. La primera decisión del nuevo presidente fue establecer conversaciones con la guerrilla. En octubre de 1999 una operación coordinada por la CIA realizada en tres ciudades y simultáneamente en Ecuador y México, desmantelaba el mayor cartel colombiano (Fabio Ochoa y Alejandro Bernal Madrigal encabezaban la lista de 32 narcotraficantes detenidos.
(Fuente: Espasa)
Presidencia de Uribe:
Las elecciones presidenciales (10/03/2002) se celebraron en medio de un clima de creciente tensión por el incremento de la violencia y de las hostilidades entre la guerrilla y el Ejército. El voto sufrió una gran fragmentación. El Partido Liberal obtuvo 54 escaños, el Partido Conservador 21, y numerosas formaciones políticas consiguieron representación en la Cámara. En las presidenciales (26/05/2002) ganó Álvaro Uribe, disidente del Partido Liberal que concurrió como independiente (apoyado por una plataforma no electoral llamada Primero Colombia) y recibió el respaldo del 53% de los votos gracias a un discurso de centro-derecha basado en su compromiso de acabar con el problema de la guerrilla. El siguiente candidato más votado fue el liberal Horacio Serpa (31,7%). Uribe tomó posesión del cargo el 07/08/2002. Su sorprendente triunfo se debió, entre otros motivos, a la reacción de los colombianos ante la incapacidad de los dos partidos históricos para alcanzar la paz y promover el crecimiento económico.
Su programa político dos pilares básicos: la autoridad y la firmeza democráticas ante la guerrilla, y el neoliberalismo como garante de la bonanza económica. Uribe convocó un referéndum para el 25 de octubre de 2003, que pretendía reformar el Estado recortando el gasto público y acabando con la corrupción. Dado que no se llegó al preceptivo 25% de votos emitidos en el plebiscito, ninguna de las propuestas pudo ser sacada adelante.
En diciembre de 2002 los paramilitares anuncian una tregua unilateral.
En noviembre de 2003 los paramilitares comienzan a entregar sus armas. En julio de 2004 comienzan las conversaciones oficiales con los paramilitares para un desarme definitivo.
El 01/12/2004 el Congreso Nacional aprobó la reforma constitucional que permitiría la posibilidad de reelección presidencial. En enero de 2005 Hugo Chávez exigió disculpas al gobierno colombiano por la detención de un guerrillero de las FARC en Caracas; un mes más tarde, Uribe y Chávez pusieron fin al conflicto y restablecieron las relaciones comerciales estancadas durante semanas.
En octubre de 2005 la Corte Constitucional se pronuncia favorablemente sobre la posibilidad de reelección presidencial.
En diciembre de 2005 y febrero de 2006, representantes del gobierno y del ELN se reunieron en La Habana y mantuvieron un “diálogo exploratorio” para la posible creación de un marco que permitiera iniciar en el futuro un eventual proceso de paz.
Las elecciones legislativas del 12 de marzo de 2006 supusieron una clara victoria de los diversos partidos afines a Uribe, que pasaron a contar con mayoría absoluta tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. El 28/05/2006 Uribe ganó las presidenciales de forma rotunda (62,2% de los votos). Carlos Gaviria, candidato del Polo Democrático Alternativo, obtuvo el 22%. El liberal Serpa obtuvo el 11,8%.
En febrero de 2007 estalla el paragate o escándalo de la parapolítica, que sacó a la luz presuntos vínculos entre políticos afines al uribismo y paramilitares.
Gestiones durante el gobierno de Santos:
[...] ¿Por qué el nuevo presidente Juan Manuel Santos, electo en agosto de 2010, que fue un implacable ministro de Defensa contra las guerrillas en la era Uribe, ha optado por la negociación?. Porque esta vez, dice él, “los planetas están alineados”. O sea, la coyuntura nacional e internacional no puede ser más propicia.
En primer lugar, las FARC ya no son lo que eran. Obviamente siguen siendo la guerrilla más formidable de América Latina, con sus cerca de 20.000 combatientes que operan en decenas de frentes. Y es asimismo el único ejército guerrillero que no ha sido vencido militarmente en América Latina. Pero la vigilancia por satélite y el uso masivo de drones militares permiten ahora a las Fuerzas Armadas gubernamentales controlar sus comunicaciones y sus desplazamientos. La selva, en la que las FARC hallaban refugio, se ha convertido en una jungla de cristal transparente donde la supervivencia resulta cada vez más aleatoria. Por otra parte, la decapitación sucesiva de su cúpula dirigente (mediante el uso de la técnica israelí del “asesinato selectivo”) complica la reorganización de la guerrilla.
Además, algunos métodos odiosos de lucha usados por las FARC (secuestros, ejecuciones de prisioneros, atentados ciegos) han causado rechazo por una parte importante de la sociedad civil. Las FARC no están vencidas ni mucho menos, y podrían probablemente proseguir el conflicto durante años. Pero lo seguro es que se hallan en la incapacidad de vencer. La perspectiva de una victoria militar ha desaparecido. Y eso lo modifica todo. La negociación de paz, si desembocase en un acuerdo digno, les permitiría salir con la frente alta, decirle adiós a las armas e incorporarse a la vida política.
[Pérdida de influencia de la oligarquía terrateniente:]
Pero si el presidente Santos decidió, ante la sorpresa general, abrir unas negociaciones de paz con la insurgencia no fue sólo porque las FARC se encuentren disminuidas militarmente. Es también porque la oligarquía latifundista que, desde hace 65 años, se opone a una reforma agraria en Colombia (este país es prácticamente el único en América Latina que, por la cerrazón de los terratenientes, no ha realizado una redistribución de tierras) ya no tiene el poder dominante que tenía. En los últimos decenios se ha consolidado una nueva oligarquía urbana mucho más poderosa e influyente que la oligarquía rural.
Durante los años más terribles de la guerra, las grandes aglomeraciones quedaron aisladas del campo. Era imposible circular por tierra de una localidad a otra y la “Colombia útil” se convirtió en una suerte de “archipiélago de ciudades”. Estas metrópolis, en las que se acumulaban los millones de personas que huían del conflicto, desarrollaron su propia economía cada vez más pujante (industria, servicios, finanzas, importación-exportación, etc.). Hoy es ella la que domina el país y a la que, en cierta medida, representa Juan Manuel Santos. Igual que Álvaro Uribe representa a los grandes terratenientes que se oponen al proceso de paz.
A la oligarquía urbana, la paz le interesa por razones económicas. Primero, el coste de la paz, o sea una –probablemente modesta– reforma agraria, lo asumirían los latifundistas, no ella. Su interés no está en el suelo, sino en el subsuelo. Porque, en el contexto internacional actual, la pacificación le permitiría explotar los inmensos
recursos mineros de Colombia de los que la insaciable
China sigue sedienta. Por otra parte, el empresariado urbano estima que, en caso de paz, los excesivos presupuestos militares podrían consagrarse a reducir las desigualdades que siguen siendo abismales. Los empresarios constatan que Colombia va hacia los 50 millones de habitantes. Lo cual constituye una masa crítica importante, en términos de consumo, a condición de que el poder adquisitivo medio aumente. En ese sentido, observan que las políticas de redistribución que se están llevando a cabo en varios países de América Latina (Venezuela, Brasil, Bolivia, Ecuador, Argentina, etc.) han reactivado la producción nacional y favorecido la expansión de las empresas locales.
A todas estas razones, se añade otro aspecto regional. América Latina está viviendo un gran momento de integración con la reciente creación de la UNASUR (Unión de las Naciones del Sur) y la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) en las que Colombia representa un papel importante. Frente a esta dinámica, la guerra es un anacronismo, como lo ha denunciado repetidas veces el presidente Hugo Chávez de Venezuela. Las FARC lo saben. La hora de que callen las armas ha llegado. Además, la realidad actual de América Latina demuestra que, a pesar de los obstáculos, la conquista del poder por la vía pacífica y política es posible para una organización progresista. Ha quedado demostrado en Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Uruguay, Brasil, etc.
Muchos peligros acechan aún. Los adversarios de la paz (halcones del Pentágono, ultras de las Fuerzas Armadas, terratenientes, paramilitares) tratarán de sabotear el proceso. Pero todo parece indicar, mientras continúan las negociaciones en La Habana, que el desenlace del conflicto se avecina. Por fin.
(Ignacio Ramonet, 30/11/2012)
Acuerdo de paz (2016):
El acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas de Colombia (FARC) tiene especial importancia para este país asolado por una guerra que causó alrededor de 8 millones de víctimas durante cinco décadas. El acuerdo se ha negociado aprendiendo de otras experiencias y tiene características innovadoras que servirán para resolver otros conflictos violentos. Este acuerdo se alcanzó gracias a la voluntad de las partes en conflicto y de Cuba y Noruega, los dos países garantes del proceso. Más de 50 encuentros secretos entre estos actores condujeron al inicio de negociaciones en Oslo en 2012. Desde ahí se continuó en La Habana. Noruega aportó su prestigio como negociador discreto y no alineado. Cuba proporcionó a las FARC el espacio para negociar sin renunciar a sus principios revolucionarios. Chile y Venezuela, proveyeron acompañamiento continental.
Varios factores contribuyeron al éxito de la negociación. Primero, la voluntad política. Ambas partes asumieron riesgos para mantener la negociación pese a múltiples obstáculos dado que la guerra continuó mientras se negociaba. Sin pactar un cese el fuego, gobierno y FARC combatieron menos a medida que creaban espacios de confianza. Segundo, el proceso de negociación se centró en cuatro temas sustantivos: las dos causas del conflicto (acceso a la tierra y exclusión violenta de la política); en un aspecto esencial de la financiación de la guerra (drogas); y las consecuencias de la guerra (las víctimas). Al contrario que en otros procesos donde causas y reformas iban juntas, generando expectativas imposibles, aquí las reformas institucionales y del sector de la seguridad, y el desarrollo económico serán discutidos en el post-conflicto a través de mecanismos institucionales. Sin embargo, resulta innovador que el gobierno, el poder judicial y el legislativo, las FARC y la sociedad civil han trabajado sobre el post conflicto desde el principio de la negociación.
Tercero, el apoyo internacional. De forma discreta una constelación de actores respondieron a las necesidades de las partes facilitando asesoramiento en cuestiones como el balance entre justicia y paz o desminado. Estados Unidos y la UE nombraron enviados especiales, sumándose a los de otros países. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la misión de verificación de alto el fuego y desarme. La administración de Estados Unidos, un actor clave en el conflicto, se mantuvo en segundo plano pero garantizando su apoyo al proceso de paz.
Cuarto, evitar la impunidad frente a las violaciones de derechos humanos. El derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación guió las negociaciones. Este es el primer proceso de paz en el que víctimas de la guerrilla y del Estado fueron invitadas a presentar sus testimonios antes las dos partes y expresar sus expectativas hacia la negociación. Por su parte, la Corte Penal Internacional verifica el cumplimiento de las normas internacionales.
El acuerdo sobre justicia transicional (justicia y paz) es sofisticado. Al contrario que en Sudáfrica, se creó un marco jurídico para la paz que se ocupará de las investigaciones, enjuiciamientos y sentencias. Si los perpetradores de violaciones de derechos humanos asumen su responsabilidad se beneficiarán de sentencias reducidas.
El desafío inmediato es el apoyo ciudadano en el plebiscito para legitimar el acuerdo. Hará falta un gran esfuerzo de pedagogía de paz para contrarrestar la propaganda opositora al acuerdo liderada por el ex presidente Álvaro Uribe. Las declaraciones y los gestos de las FARC serán clave para convencer a los sectores escépticos de la población sobre el compromiso de la guerrilla con la paz.
El proceso de paz durará décadas. Los problemas estructurales son inmensos ante los retos de construir un país más incluyente y equitativo, atender a los derechos de millones de víctimas, y lograr en el largo plazo la reconciliación nacional.
El acuerdo puede ayudar a que se inicien negociaciones con la otra guerrilla, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y facilitará nuevos tipos de relaciones entre Colombia y sus vecinos, particularmente con Venezuela, e indirectamente ha ayudado a mejor los vínculos entre Cuba y Estados Unidos.
El impacto será profundo debido a la desmovilización de más de 20.000 combatientes y la implementación pactada para reformar el sector rural, combatir el narcotráfico, e incorporar a la vida política a los que trataban de cambiar el orden político mediante la violencia.
Mariano Aguirre es director del Norwegian Peacebuilding Resource Center (NOREF). (27/09/2016)
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