La liberalización del cabotaje marítimo impactará negativamente en el sector naviero español:

Según un amplio estudio realizado por consultores de Bilbao Plaza Marítima en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid, y llevado a cabo por encargo de la Comisión de las Comunidades Europeas, el impacto en España de la liberalización total del transporte marítimo de cabotaje a partir del 1 de enero de 1999 conllevará un impacto de carácter negativo en el sector naviero nacional.
Datos previos sobre la situación de los tráficos de cabotaje en España y su flota:
Durante 1995 se transportaron en España 40,4 millones de toneladas de carga y 6,6 millones de pasajeros. La tendencia indica que la demanda de transporte marítimo está bajando para graneles sólidos y líquidos (transportados en su mayoría en tráficos peninsulares). Por el contrario, hay una tendencia sostenida al alza en la demanda de transporte de carga general (servicios de línea regular con las islas). De los 229 buques mercantes que actualmente están registrados en España, 209 (el 91%) operan en cabotaje al menos el 20% de su tiempo. Una flota de 95 barcos, con 450.000 GT opera en servicios regulares con las islas). Hasta el 1 de julio de 1996, la reducción total de la flota española debida a la liberación del cabotaje se estima en 80 barcos, con 207,300 TRB. Además, desde 1992 a 1995 la participación de banderas extranjeras (y de la UE) en los tráficos de cabotaje españoles ha aumentado considerablemente.
Previsible impacto económico y social:
De un total de 6.800 tripulantes actualmente empleados bajo pabellón español, 6.300 trabajan a bordo de buques que operan más del 20% de su tiempo en cabotaje. Los servicios de líneas regulares con las islas emplean más de 4.500 trabajadores a bordo, y unos 1.000 en tierra, mientras que los buques tramp emplean alrededor de 2.300 trabajadores a bordo y 150 en tierra. Además, se estiman más de 3.800 puestos de trabajo en otras empresas auxiliares y de servicios relacionadas con el cabotaje. La previsión del estudio indica que los efectos directos en las compañías navieras va a suponer un pérdida en los ingresos por fletes en los servicios de líneas regulares de 33.000 millones de pts/año; y unas pérdidas de ingresos por fletes en los servicios tramp de 17.000 millones de pts/año. Los costes por indemnizaciones por desempleo ascenderán a 23.000 millones de pesetas. Por otra parte, el efecto en los sectores económicos relacionados con el cabotaje se estima en una pérdida de ingresos por valor de 13.000 millones de pts/año. En cuanto a los efectos en el empleo, las pérdidas de empleo en empresas navieras se calcula en unos 4.370 puestos de trabajo a bordo, unos 680 puestos de trabajo en tierra, y aproximadamente 3.845 puestos de trabajo en otros sectores relacionados. En los territorios insulares (incluyendo Ceuta y Melilla) la pérdida en empresas navieras y auxiliares se estima en 1.900 puestos de trabajo.
Otros posibles efectos de la liberalización:
El estudio identifica y detalla otros posibles efectos que en España va a implicar la liberalización. En cuanto a la calidad, regularidad y estabilidad de los servicios de transporte, la consecución de libertad en el proveimiento de servicios, junto con la posibilidad de utilizar buques no registrados en España, no implica la abolición de las regulaciones nacionales en los mercados de cabotaje. Además, el sistema español de Autorizaciones Administrativas de servicios de línea regular impone unas obligaciones para garantizar unos niveles mínimos de servicio, sin que ello suponga una discriminación para otros operadores de la Unión Europea. El futuro en la demanda de transporte, en cuanto a carga y pasajeros, no está directamente vinculada con el proceso de liberalización del cabotaje. En términos generales se prevé que la tendencia actual (incremento en la demanda de transporte para carga general y pasajeros y decrecimiento de la demanda de servicios tramp) continuará. Sobre los efectos de la consecución de los servicios de cabotaje consecutivos aquellos que también hacen escala en puertos no españoles, las empresas navieras españolas consideran que la competencia de estos servicios es uno de los retos más serios para los servicios existentes dedicados (los que se dedican única y exclusivamente al cabotaje español). El establecimiento de un nuevo servicio dedicado requiere inversiones que no son necesarias en el caso de los servicios consecutivos, que ya recabaan en puertos españoles y que también se beneficiarían de economías de escala. Por tanto, desde el sector se considera que la misma normativa (bandera o estado) debería aplicarse en todo momento a ambos servicios (consecutivos y dedicados),

La Ley 3/1993, que actualmente rige a las Cámaras de Comercio, continúa la tradición legislativa continental, al definirlas como Corporaciones de Derecho Público y reconoce la importancia de su labor como instituciones intermedias en la representación, promoción y defensa de los intereses generales del comercio, la industria y la navegación, y en la consolidación del tejido económico del país. Bajo la tutela de las Administraciones Públicas, el Consejo Superior y las Cámaras desarrollan las funciones que les son encomendadas por Ley.

El Consejo Superior de Cámaras de Comercio, representante a nivel nacional e internacional de las 85 Cámaras de Comercio, es el interlocutor válido ante los órganos de la Administración del Estado. Coordina las actuaciones de las Cámaras, fomenta la relación entre ellas y elabora la posición de las Cámaras de Comercio ante la Administración, a partir de la información que, a través de la red cameral, transmiten las empresas.

 
ORGANIZACIÓN Y ORGANOS DE GOBIERNO

Para el eficaz cumplimiento de las funciones encomendadas al Consejo Superior de Cámaras, la Ley establece la existencia y composición de los Organos de Gobierno, que tienen la siguiente composición:

• Pleno: compuesto por los Presidentes de las 85 Cámaras más 8 vocales elegidos entre personas de reconocido prestigio en la vida económica española, es el órgano supremo de gobierno y representación general del Consejo.
• Comité Ejecutivo: órgano de gestión, administración y propuesta del Consejo, está formado por trece vocales del Pleno, elegidos democráticamente y asegurando el adecuado reflejo de la dimensión económica de las Cámaras.
• Presidente: Designado por el Pleno, ostenta la representación del Consejo, la presidencia de todos sus órganos colegiados y es el responsable de la ejecución de sus acuerdos.

El Consejo Superior de Cámaras de Comercio actúa y pone en práctica todas aquellas iniciativas y proyectos que se consideran necesarios o beneficiosos para los intereses generales de la economía española, partiendo de la información que transmiten las empresas a través de las propias Cámaras de Comercio y desarrolla una acción permanente para mejorar el entorno económico de las empresas, articulada alrededor de cinco grandes ejes.

REPRESENTACIÓN DE LOS INTERESES GENERALES de LAS EMPRESAS: El Consejo Superior y las Cámaras de Comercio defienden estos intereses principalmente a través del ejercicio de la función consultiva de las Administraciones Públicas, y mediante un planteamiento activo de relaciones institucionales, nacionales e internacionales.

INTERNACIONALIZACIÓN: conscientes de que la globalización de los mercados es un hecho, el Consejo Superior y las Cámaras tienen como clara prioridad el fomento del comercio exterior de las empresas españolas. Para ello, anualmente desarrollan el Plan Cameral de Promoción de las Exportaciones, que incluye todas las actividades dirigidas a promover la adquisición en el exterior de bienes y servicios producidos en España y han desarrollado una estructura cameral internacional que ponen a disposición de las empresas.

FORMACIÓN: una clave para afrontar el futuro es preparar a los hombres de empresa para ello, las Cámaras se han convertido, así, en el segundo formador nacional, después de la enseñanza pública.

INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO: las Cámaras prestan a las empresas servicios de información acerca de la estructura económica de su mercado, de su desarrollo previsible, de su situación coyuntural, etc., tanto desde el punto de vista general como en su sector específico de actividad. Igualmente, las empresas, sometidas cotidianamente al cambio de sus mercados, sus competidores, las exigencias del entorno y las novedades tecnológicas, disponen en las Cámaras de apoyos técnicos permanente actualización y de servicios de infraestrutura.

PROMOCIÓN Y FOMENTO: del desarrollo económico de sus demarcaciones, previendo sus necesidades futuras de equipamientos, promoviendo las infraestructuras necesarias e impulsando iniciativas interesantes para los intereses generales de las empresas.

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