Corrupción política

Corrupción política:
La relación entre dinero y política siempre ha sido problemática. El temor a que los intereses privados prevalezcan sobre el interés público siempre está presente. Socava la confianza de los ciudadanos en la democracia y deslegitima el sistema. Mientras están en la oposición los partidos sobreactúan y muestran indignación pero cuando llegan al poder revelan su escasa sinceridad. Demuestran con sus actos un escaso interés en combatir esta lacra. En la moción de censura de Pedro Sánchez para apartar del poder a Rajoy se usó el argumento exclusivo de que el presidente estaba asediado por una corrupción que le inhabilitaba para seguir en el poder. En 2018 el 88% de los españoles sitúan a la corrupción como el segundo problema en importancia por detrás del paro. La Universidad se vio salpicada con los casos Errejón, Cifuentes y Casado. La falta de democracia interna en los partidos permite que afloren rasgos autoritarios en los candidatos triunfadores y el culto a la personalidad de los líderes. Los códigos éticos internos de los partidos han demostrado tener escasa aplicación real. Se allana el camino al mensaje populista de que todos los partidos están podridos y sin posibilidad de cura.

● Un ciudadano presionado para votar a políticos corruptos no puede considerarse libre, del mismo modo que no es democrático un país cuyos partidos políticos figuran entre los más corruptos de Europa. Y los candidatos que se presentan a las elecciones bajo siglas corruptas obligan al votante a ejercer en falso su derecho democrático primordial. (Gabriela Bustelo, 2015)

● Lo que sin que nadie lo advirtiera o lo denunciara empezó a suceder hacia mediados de los años ochenta es que al mismo tiempo que las instituciones públicas empezaban a disponer de mucho dinero desaparecían los controles efectivos de legalidad de las decisiones políticas. Entre todos los errores de la Transición española que se aireaban tan acusadoramente cuando aún nos estaba permitido el lujo de la obsesión por el pasado, uno de los más graves no lo ha mencionado casi nadie: la incapacidad de crear una administración pública profesional, solvente, atractiva como oportunidad de trabajo y progreso personal, austera, ajena a la política y a los vaivenes electorales, escrupulosamente sujeta a la ley. [...] [Los cuerpos nacionales formados por el secretario general, el interventor, el depositario] venían de mucho antes de la Guerra Civil, y habían sido fundados con el propósito de limitar el poder arbitrario de los caciques territoriales sobre los escalones más débiles de la administración: los ayuntamientos y las diputaciones provinciales. Secretarios, depositarios e interventores tenían puestos inamovibles que dependían del estado central. Los alcaldes no podían nombrarlos ni destituirlos. El secretario general certificaba la legalidad de los acuerdos municipales. El interventor tenía que dar su aprobación a cada propuesta de gasto, asegurándose previamente de que no se salía de los presupuestos. El depositario controlaba el dinero ingresado en la caja del ayuntamiento y autorizaba los pagos. (Muñoz Molina, 2013)

El Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa se encarga de vigilar la lucha contra la corrupción de los 47 estados miembro. Elabora recomendaciones sobre prácticas de control en ámbitos como gobiernos centrales y regionales, policía, diputados, jueces y fiscales. En octubre de 2018 envió un mensaje de preocupación a España por la falta de aplicación de lo recomemndado en el cuarto ciclo de evaluación, sobre prevención de la corrupción en parlamentarios, jueces y fiscales. En su comunicación de 2019 constata que no hay avances contra la politización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En agosto de 2024 algunas consecuencias de las medidas nacionalistas de Orban fueron criticada por el propietario de la cadena SPAR en Hungría. Refiriéndose a las pérdidas ocasionadas por un impuesto específico del 4,5% que no afecta a cadenas húngaras, dijo: Nos dijeron de forma bastante atrevida que si el Estado participaba en nuestra empresa, las cosas irían mejor. Orban presentó una demanda por difamación personal contra todos los medios de comunicación húngaros que se atrevieron a reproducir las declaraciones del empresario.