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José Manuel Corrales sobre la sentencia (06/06/07):
El vicesecretario general del PSOE afirma que la reciente sentencia del Tribunal Supremo da la razón a quienes cuestionaron el pelotazo urbanístico y recuerda que la operación de Las Teresitas ha permitido que determinados intereses particulares hayan obtenido unos beneficios de más de 120 millones de euros en muy poco tiempo, recibiendo del erario público casi 9.000 millones de las antiguas pesetas.
Señala que las declaraciones "exculpatorias y nerviosas del alcalde actual de Santa Cruz de Tenerife y candidato de CC, Miguel Zerolo, en las que se atreve a señalar al Tribunal Supremo, a los jueces, ficales y fuerzas y cuerpos del Estado como meros empleados tendenciosos que actúan por instrucciones políticas del Gobierno de España o de un partido concreto son deneznables y una agresión sin precedentes al Estado de Derecho.
El PSOE considera que el aún alcalde de Santa Cruz intenta ocultar que la sentencia del Tribunal Supremo declara contundentemente la ilegalidad de la operación de compraventa en terrenos en Las Teresitas y que hoy está imputado en una querella criminal porque como regidor del municipio impulsó sospechosamente la compra de esos terrenos costeros. La sentencia del Tribunal Supremo declarando la ilegalidad de la operación de compraventa, para Corrales, simplemente "vuelve a demostrar que esta actuación ha sido todo menos lícita y que es un claro ejemplo de mala gestión del dinero municipal"..."más allá de lo judicial, cuando menos resulta extraño que Inversiones Las Teresitas haya conseguido quintuplicar el valor de su dinero sinhaber movido un sólo ladrillo, sin realizar inversión alguna que justificase la magnitud de sus beneficios y sin otorgar ninguna compensación al municipio de Santa Cruz de Tenerife".
La moratoria turística dejaba escaso margen para urbanizar Las Teresitas (09/01/07):
Los antiguos propietarios de los terrenos urbanizables en el frente de playa de Las Teresitas, Ignacio González Martín y Antonio Plasencia, hubieran tenido poco
margen para construir establecimientos turísticos a partir del 16 de enero de 2001, fecha en que entró en vigor el primer decreto de la llamada moratoria
turística dictada por el Gobierno de Canarias. Esta normativa prohibía la concesión de licencias para nuevas camas turísticas, excepto para hoteles de
cuatro estrellas con campos de golf, puertos deportivos o parques temáticos, establecimientos para turismo rural, balnearios y los llamados hoteles de ciudad,
ubicados en edificios histórico-artísticos o en cascos urbanos residenciales de carácter no turístico.
Esta última excepción, la del hotel ciudad, era la única opción, y nada segura, que hubiera quedado para, al menos, intentar justificar la solicitud de licencia
para camas alojativas en los solares urbanizables de Las Teresitas, según explicaron fuentes de la Consejería de Ordenación Territorial y el Medio Ambiente
que participaron en la redacción de la normativa de la moratoria turística. Aun así, la consideración como hotel ciudad para este proyecto podría haberse
encontrado también con serias dificultades, pues es un asunto que se presta a controversia incluso entre los expertos en urbanismo.
Tres días después de dictarse el citado decreto, el pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria, aprobó el expediente relativo a la propuesta marco de
colaboración con el Polígono Playa de las Teresitas, en el que se pretendía salvar de edificaciones el frente de playa a cambio de compensarles con
aprovechamientos urbanísticos en los demás terrenos de la zona.
El 23 de julio de 2001 entró en vigor la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación del Territorio y del Turismo, aprobada por el Parlamento de Canarias.
La moratoria prohibía, con carácter general, la concesión de licencias para nuevas camas turísticas salvo hoteles de lujo ligados a campos de golf, puertos
deportivos y parques temáticos, circunstancias que no cumpliría el frente de playa de Las Teresitas. Es una ley que, en la línea de los decretos anteriores,
suponía un escollo muy difícil de salvar en caso de que se pretendiera la construcción de hoteles en esta franja del litoral santacrucero.
Pues bien, ese mismo día el Ayuntamiento de Santa Cruz, en sesión extraordinaria y urgente, aprobó por unanimidad el texto del convenio con Inversiones Las
Teresitas por el que el consistorio adquiría los terrenos urbanizables en el frente de playa, por los que finalmente pagó a los dos empresarios citados 55
millones de euros, además de permitirle en El Valle de Las Huertas un uso residencial como vivienda, no permitido en el planeamiento vigente antes de la
modificación. Estos últimos terrenos, modificados de uso, fueron a vendidos a Mapfre por Inversiones Las Teresitas por más de noventa millones de euros.
La existencia de la moratoria turística y el convenio urbanístico aparecen como hechos vinculados por la Fiscalía Anticorrupción en su querella por prevaricación
y malversación en que implica el alcalde de la capital, Miguel Zerolo;el concejal de Urbanismo, Manuel Parejo; los citados empresarios, los ex portavoces de PSOE y
PP, Emilio Fresco y José Emilio García Gómez (hoy asesor de Urbanismo), y cinco funcionarios.
La fiscal María Farnés, en su querella, admitida a trámite la semana pasada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, afirma que una vez la Junta de
Compensación e Inversiones Las Teresitas prestan su conformidad al borrador del convenio "en menos de 15 días hábiles, la tan paralizada Administración local
española realiza los tramites necesarios" para que el Ayuntamiento apruebe el convenio. "Sorprende", señala la fiscal en la conocida querella de Las Teresitas,
"tan inusual celeridad para la adopción de un convenio que lleva consigo unos beneficios económicos tan importantes para los particulares interesados en
el mismo y que, por el contrario, obliga al Ayuntamiento a un gasto tan extraordinario". (Vicente Pérez, Diario de Avisos)
El Supremo anula la compraventa de Las Teresitas hecha por Zerolo en 2001 (16/05/07):
El Tribunal Supremo notificó ayer a las partes la sentencia que anula la compraventa de los terrenos aledaños a la playa de Las Teresitas, llevada a cabo por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en septiembre de 2001 por un importe de 8.750 millones de pesetas. Según el fallo la compra que el alcalde Miguel Zerolo acordó con Inversiones Las Teresitas es "contraria al ordenamiento jurídico".
El fallo del Tribunal Supremo señala también que la compra se basa en la existencia de una especie de compromiso entre comprador y vendedor para ponerse de acuerdo en el precio de la operación, que actualmente investiga el Tribunal Superior de Justicia de Canarias tras una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción. La Asociación Coordinadora Ecologista Popular El Rincón ha sido la entidad que presentó un recurso administrativo ante el Tribunal Supremo, al considerar ilegal la compraventa de los terrenos de la playa de Las Teresitas y el Convenio Urbanístico firmado entre las partes.
Previamente, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz, había inadmitido tal recurso, pero ahora el Supremo lo estima en parte y declara nula la citada compraventa. Y se basa en la forma en la que las partes han pactado el precio.
Según el fallo del alto tribunal, "el precio de la compraventa no ha contado con el soporte (informe pericial) exigido en el precepto que se cita como infringido en la demanda", que no es otro que el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. Tampoco ha contado "con un sistema de fijación que acredite la corrección del mismo de modo fehaciente", algo que exige el citado reglamento.
Esa irregularidad manifiesta que se produce en la compraventa de Las Teresitas lleva al Supremo a pensar que "no resulta cumplido el principio de buena administración exigido por el Artículo 4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas", aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio.
"Por las razones expresadas", recoge la sentencia, "el informe de valoración que hemos analizado no cuenta con las exigencias necesaria para constituir un elemento objetivo de control administrativo en el trámite de determinación del precio de la compra- venta que nos vemos obligados a anular".
Por todo ello, se estima el recurso "con la inmediata consecuencia de la anulación de la compraventa llevada a cabo por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en fecha 18 de septiembre de 2001 (Escritura Pública nº 3.299 del protocolo del Sr. Quintana Plasencia) de las once fincas descritas en la misma Escritura Pública con su correspondiente aprovechamiento urbanístico".
Ha tenido que ser un grupo ecologista el que haga tambalear los cimientos del que ha sido denominado el pelotazo de Las Teresitas, con un beneficio neto para la mercantil Inversiones Las Teresitas SL (propiedad de los empresarios tinerfeños Ignacio González y Antonio Plasencia) de más de 22.000 millones de las antiguas pesetas.
Y es que la Asociación Coordinadora Ecologista Popular El Rincón, de la que nada se conocía hasta que ayer se estimó su recurso contencioso administrativo por el Tribunal Supremo, se armó de paciencia cuando se percató de la operación y llevó sus convencimientos hasta las últimas consecuencias.
Ni siquiera la inadmisión a trámite de su recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias les hizo cesar en una batalla que parecía que tenían perdida de antemano.
El Supremo les ha dado ahora la razón. (Pedro Guerra, La Opinión)
ATAN llevará a los tribunales las obras y el deslinde público de Las Teresitas (31/07/06):
La Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), por boca de su portavoz, Eustaquio Villalba, anunció ayer que presentaré una denuncia ante los tribunales para denunciar la presunta ilegalidad tanto del trazado del deslinde público marítimo terrestre de Las Teresitas propuesto por la Dirección General de Costas, como de la licitación de las obras del proyecto de reordenación de este frente marítimo, sin estar aún aprobado el citado linde.
Villalba no precisó a qué instancia judicial se dirigirá ATAN, aunque no descartó ni la Fiscalía Anticorrupción ni los juzgados de lo Contencioso Administrativo, pero dejó claro que los servicios jurídicos de esta asociación preparan ya las acciones legales encaminadas a preservar el interés público y exigir que se cumpla la Ley de Costas.
Según este colectivo ecologista, el reglamento de la Ley establece que no se pueden llevar a cabo obras hasta no aprobarse de forma definitiva el deslinde público, aunque se trate de una obra pública, y así lo han señalado también a este diario fuentes técnicas -que no de sus máximos responsables políticos- de la Demarcación de Costas. De esta forma, ATAN contradice al Ayuntamiento de Santa Cruz, quien sostiene que, al tratarse de una obra pública y haber acuerdo entre las administraciones competentes, no existe ningún impedimento legal para que en septiembre comiencen las obras de la fase que financian el Consistorio, el Gobierno canario y el Cabildo, a la que seguirá, previsiblemente unos meses después, el inicio de la ejecución de la parte del proyecto correspondiente al Ministerio de Medio Ambiente.
Lo cierto es que, pese a este acuerdo a nivel político entre Costas y el Ayuntamiento, la realidad es que ambas administraciones no están de acuerdo sobre el trazado del deslinde público marítimo terrestre. El Consistorio, según explicó el 21 de julio la Demarcación de Costas, pretende que el deslinde coincida con el actual muro de separación entre la playa y el viario, pero el Ministerio plantea que esta línea vaya más atrás especialmente en el tramo final (norte) de la playa. No obstante, la Gerencia Municipal de Urbanismo indicó la pasada semana que ahora el Ayuntamiento solicitará que el deslinde coincida en el límite entre las futuras obras del Consistorio en el litoral y las que llevará a cabo Costas.
En cualquier caso, Villalba afirma que el linde propuesto por el Ministerio en el expediente iniciado para tal fin -un trámite que puede demorarse aún entre cuatro meses y dos años- "privatiza gran parte de terrenos ganados al mar, en contra de la Ley de Costas, pues deja fuera de dominio público los terrenos ganados al mar en todo este frente marítimo, y una zona de acantilados al final de la playa de Las Teresitas".
El portavoz de ATAN fue aún más allá, al apuntar que "Costas parece haber actuado de mala fe y ha favorecido una especulación inmobiliaria, que no hubiese sido posible sin que se hubiera fijado antes el dominio público". Villalba hace referencia así a la compra por el Ayuntamiento de los terrenos urbanizables en el frente de playa, que adquiriá por 55 millones de euros a una sociedad de Antonio Plasencia e Ignacio González, operación que incluyó el aumento de edificabilidad de unos terrenos en el valle de Las Huertas, vendidos luego por estos empresarios a Maphre por 90 millones de euros.
Así las cosas, el Ayuntamiento tiene adjudicada desde junio a OHL su parte del proyecto de la remodelación del frente marítimo capitalino por 21.4 millones de euros; y el Ministerio ya ha sacado a licitación mediante subasta la otra fase, por 15,5 millones. (Vicente Pérez, El Día)
Costas cambia el deslinde de Las Teresitas y cede terreno al consistorio (03/02/04):
Según la Dirección General de Costas, la nueva resolución obedece al cumplimiento de una sentencia emitida por el Tribunal Supremo en 1998.
Los nuevos límites establecidos por Costas concluyen en el borde del muro que existe actualmente en la playa.
Este deslinde coincide con una propuesta realizada por el propio Ayuntamiento capitalino y concebida como tal en el proyecto de Dominique Perrault. Esta zona es la que coincide con la que el arquitecto francés ha dejado, como posible, para construir un balneario
en la playa.
El cambio en la autoridad y propiedad de este suelo afecta también a los acantilados que, según la Ley de Costas 22/1998, al estar en contacto con el mar "son bienes de dominio público marítimo- terrestre estatal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 132.2 de la Constitución". Ahora, y según la propuesta de deslinde del dominio público presentado por Costas, esta zona pasará a manos municipales.
El cambio de dominios permitirá que detrás del muro existente el Ayuntamiento tome las determinaciones que considere oportunas. Según se ha publicado en anteriores ocasiones, el proyecto de Perrault persigue la ampliación de la playa a lo ancho, ganando terreno para la arena.
Sin embargo, si Costas toma como zona de ‘protección’ hasta el muro, queda por averiguar qué competencias asumirán la corporación municipal y Costas con el incremento del espacio para esparcimiento y disfrute de Las Teresitas (que será de arena y formará parte del paisaje ideado por el arquitecto Perrault).
El nuevo deslinde habla de los metros de largo que serán competencia de la Administración estatal, 1.577,68, pero en ningún momento se señala el ancho del mismo. El nuevo proyecto corrige el presentado en el año 1.999 en el que el Costas conservaba una gran parte del suelo, que
ahora, pasa a ser público y que el propio Ayuntamiento capitalino no ha definido aún su uso, ya que la posibilidad de construir o no un balneario al final de Las Teresitas se definirá cuando esté redactado por completo el proyecto de la playa. (Pepi Déniz, Diario de Avisos)
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