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El edificio de Las Teresitas se levantó sin autorización alguna, dice la fiscal (30/10/08):
La denuncia de la Fiscalía por un presunto delito contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística en la construcción, ahora parada, del edificio de aparcamientos y locales comerciales de la playa de Las Teresitas sostiene que el Ayuntamiento de Santa Cruz llevó a cabo estas obras "sin contar con las autorizaciones preceptivas" ni la Dirección General de Costas, pese a que el proyecto prevé que los trabajos invadan el dominio público marítimo terrestre, ni del Gobierno canario, a pesar de que el inmueble se levanta en la franja de servidumbre de protección, de la que es competente esta administración.
Pero es más, el Ministerio Fiscal advierte de que "no era posible" conceder tales permisos, porque la Ley de Costas prohíbe acometer obras en zonas donde, como es el caso de Las Teresitas, está aún en trámite la fijación de un nuevo deslinde público. Por estos hechos, la fiscal Inmaculada Violán formuló el 31 de julio una denuncia ante el Juzgado Decano de Santa Cruz de Tenerife en la que pide que declaren como imputados los concejales de Urbanismo desde que se aprobó el proyecto (en diciembre de 2004), es decir, Manuel Parejo y Luz Reverón (ambos de Coalición Canaria), así como tres funcionarios "que evacuaron informes favorables previos": Epifanio Gómez Sánchez, director técnico; Loreto Aríz Alonso, jefa de servicio, y Candelaria Benítez Pérez, técnico de coordinación administrativa del servicio. Se da la circunstancia de que ésta última es concejal de Hacienda y Personal en el Ayuntamiento de El Rosario, gobernado por el PSOE, el mismo partido que ha denunciado estos hechos en Santa Cruz. Los otros dos denunciantes en este caso son el grupo ecologista ATAN y la Asociación de Amigos de la Playa de Las Teresitas, Anaga y su Litoral.
Un aspecto que la fiscal pone de relieve es que cuando el Ayuntamiento adjudicó las obras, "únicamente" existía "en proyecto un convenio de colaboración" entre el Ministerio de Medio Ambiente "que aún no había sido firmado y además estaba supeditado con carácter previo a un nuevo deslinde" público de la playa. Es un convenio que Costas ha decidido no firmar, pese a un preacuerdo inicial con el Ayuntamiento, hasta que se resuelva de forma definitiva el contencioso judicial sobre el frente de playa (el Tribunal Supremo anuló en 2007 la compraventa de once parcelas por el Ayuntamiento a Inversiones Las Teresitas SL por 52,6 millones de euros).
Pues bien, concluye la fiscal Violán que el Ayuntamiento aprobó y autorizó las obras "a través de toda una serie de resoluciones dictadas (...) sin haberse recabado las autorizaciones preceptivas, con pleno conocimiento de ello, sabedores [técnicos y cargos públicos] de que el convenio con el Ministerio no se había aún firmado y de que se encontraba en trámite un nuevo deslinde". Además, la Fiscalía subraya, como otra de las irregularidades, que el Ayuntamiento modificó el proyecto del edificio "en aspectos sustanciales, tales como el aumento de una planta más [en este caso, subterránea] sin que de ella se diera cuenta a la Dirección General de Costas ni a la Comunidad Autónoma, y sin constar de momento que tal modificación pudiera resultar acorde con el planeamiento urbanístico". La fiscal aclara, por otro lado, que las obras del edificio (el mamotreto, según sus detractores) "no ha afectado de momento a zona de dominio público marítimo terrestre, pero sí a la zona de servidumbre de protección", pero dice que "de llevarse a cabo la totalidad de las obras" proyectadas, "se produciría una invasión" sobre la franja pública. (Vicente Pérez, Diario de Avisos)
Empresarios:
No sólo por el suculento pago realizado por una playa que ya era en parte de titularidad municipal -52,5 millones de euros-, también por la creciente certeza de que todo el asunto supuso un extraordinario negocio para Ignacio González y Antonio Plasencia, dos empresarios con excelentes relaciones económicas y políticas con el poder local en Santa Cruz de Tenerife. Para justificar la actuación de ambos en este "affaire", en el que multiplicaron en brevísimo espacio de tiempo el capital invertido en la compra de los terrenos, facilitado además por una cuestionable operación crediticia de la quebrada CajaCanarias, se ha dicho que los empresarios están para ganar dinero. Sin duda: las empresas deben hacer negocio y ganar dinero. El problema es que deben hacerlo con transparencia y en igualdad de oportunidades, arriesgando su propio peculio y cumpliendo las leyes. En esta extraordinaria operación, los empresarios ganaron muchísimo dinero, prácticamente sin poner un duro. La compra inicial de los terrenos de Las Teresitas se produjo con un préstamo, y la venta se realizó a un ayuntamiento que -probablemente, eso debe demostrarse a lo largo del juicio- ya era dueño de una parte importante de los terrenos comprados. Los empresarios amortizaron el crédito con lo que les pagó el ayuntamiento, y luego vendieron la parte de Las Huertas con unas plusvalías extraordinarias. Todo ello moviéndose en el terreno de lo público: un chivato que avisa de la decisión que va a adoptar el Supremo en relación a las parcelas, un contacto en la junta de compensación que agiliza su compra por los empresarios, una caja de ahorros que presta la pasta que haga falta sin hacer muchas preguntas, y un ayuntamiento que paga más de lo que vale lo que le ofrecen. Eso no es hacer negocio. Eso es más bien un pelotazo. (Francisco Pomares, 01/12/2015)
Vía libre para iniciar el puerto de Granadilla (02/04/08):
El Gobierno canario elimina el último obstáculo legal y se prevé que las obras arranquen en las dos próximas semanas.
Tras un culebrón iniciado allá por los primeros años setenta, en los que se empezó a consolidar el proyecto de construir un puerto en la costa de Granadilla como alternativa o complemento al de Santa Cruz de Tenerife, ya no queda obstáculo legal alguno que impida a la Autoridad Portuaria comenzar las obras. El último trámite fue removido en su reunión de ayer por el Gobierno de Canarias, cuyo Consejo acordó constituir la fundación pública Observatorio ambiental puerto de Granadilla.
Habida cuenta que el propio presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Rodríguez Zaragoza, ha manifestado en reiteradas ocasiones su deseo de arrancar cuanto antes, todo apunta a que los trabajos para la construcción de la polémica instalación se iniciarán en las próximas dos semanas.
Hay que recordar que los planes de la Autoridad Portuaria han encontrado una fuerte oposición por parte de grupos ecologistas y hasta algunos representantes políticos, entre los que se incluye la hoy alcaldesa de Granadilla de Abona, Carmen Nieves Gaspar Rivero.
Estas críticas provocaron en su día que se desechase el plan original de erigir un macropuerto para adoptar la idea actual, mucho más reducida que el anterior en sus dimensiones. Esta nueva concepción de la futura instalación sureña logró recabar el visto bueno tanto del Ministerio de Medio Ambiente como del de Fomento y hasta de la Unión Europea.
Fundación:
Por lo que respecta a la fundación, el Gobierno de Canarias acordó su constitución, y en ella participarán el Ejecutivo canario y la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. El Consejo de Gobierno celebrado ayer aprobó también los estatutos que regirán esta institución y, como dotación fundacional, ha acordado proceder al desembolso de 195.000 euros, que corresponden al 30 por ciento del importe total destinado a este concepto, que asciende a 650.000 euros. La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife correrá con los gastos del 70 por ciento restante, que corresponde a 455.000 euros, según los estatutos de la fundación.
El prestigioso bioólogo Antonio Machado Carrillo es uno de los nombres barajados para dirigirla.
El Gobierno de Canarias considera el proyecto de construcción del puerto industrial en Granadilla una infraestructura de importancia estratégica para la provincia de Santa Cruz de Tenerife, como consecuencia del agotamiento de la capacidad de las actuales instalaciones y porque no existe otra localización viable en toda la isla de Tenerife.
(S. Zamora / T. Fumero, Diario de Avisos)
La ampliación del puerto saldrá a concurso por 26,8 millones:
[2008] El tráfico total de Puertos de Tenerife mejoró un 1,8% hasta abril.
El puerto de Santa Cruz de Tenerife ha sacado a concurso la construcción de la línea de atraque en la Dársena del Este del puerto capitalino para el almacenamiento de contenedores, además de la canalización del barranco del El Bufadero junto con obras paisajísticas para mejorar la calidad urbanística del entorno de María Jiménez, por un presupuesto inicial de 26.855.762, 52 millones de euros, según anunciaba el lunes el Boletín Oficial del Estado.
Los cuatro proyectos deberán ejecutarse en un plazo máximo de 20 meses y el plazo de entrega de las ofertas será el 14 de julio de 2008. El anuncio advierte además que las ofertas deberán mantenerse al menos durante tres meses tras conocerse las propuestas.
El importe total del proyecto supera los 26 millones de euros divididos en 20,2 para la II fase de la construcción de la base de contenedores; 5,4 se destinarán a la obras de canalización y recubrimiento de la desembocadura del barranco de María Jiménez y 1,17 para las obras de adecuación paisajística y el acondicionamiento de la Vía Litoral Frente a María Jiménez.
Este proyecto forma parte de la ampliación del puerto de Santa Cruz de Tenerife y que aspira a duplicar el número de contenedores del puerto en al menos 400 más. La obra ha contado con cierta resistencia por parte de los vecinos del barrio capitalino de María Jiménez, que abogaban por la reconversión en una zona de esparcimiento en el lugar donde antes se encontraban los viejos astilleros del muelle de la isla.
Asimismo, Puertos de Tenerife indicó ayer, en un comunicado, que los puertos dependientes de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife registraron de enero a abril del año en curso una mejora del 1,83% en su tráfico total, con 6.467.420 toneladas movidas, 116.451 más que en el mismo periodo del año pasado. (Europa Press)
● Podemos intuir que la degeneración intelectual de buena parte de la clase política, y de los llamados emprendedores -los que, por ejemplo, emprendieron la destrucción de nuestras costas-, procede de esos conglomerados ideológicos en los que se mezclan, con la indecencia, alguno de los males a que se ha aludido. (Emilio Lledó, 2011)
El 'caso Las Teresitas': catarsis y regeneración:
La decisión del Tribunal Supremo, que confirma punto por punto la sentencia de la Audiencia Provincial de Tenerife sobre el caso Las Teresitas, es clara y terminante: el Supremo mantiene la sentencia recurrida y condena a Miguel Zerolo y al resto de los acusados a distintas penas de prisión: siete años para Zerolo y su concejal Manuel Parejo, cuatro años y seis meses para los funcionarios Víctor Reyes y José Tomás Martín González y cinco años y tres meses para Antonio Plasencia e Ignacio González, los empresarios que urdieron una operación urbanística que ha pasado al imaginario de los tinerfeños como un pelotazo de libro.
El escándalo arranca con la denuncia presentada por un colectivo ecologista (pantalla utilizada por el abogado Santiago Pérez, entonces en el PSOE) contra la decisión de todos los concejales de Santa Cruz de Tenerife (incluyendo los del PSOE) de pagar a la empresa Inversiones Las Teresitas algo más de 52 millones de euros por la adquisición de 11 parcelas del frente de playa. Esa cantidad -a juicio de la arquitecta municipal Pía Oramas- superaba en 30 millones el valor real del suelo adquirido. El Ayuntamiento en pleno justificó la compra en la necesidad de evitar que los empresarios destinaran los terrenos del frente de playa a construir apartamentos y hoteles, dado que se quería realizar una intervención urbanística completa, que incluía la regeneración de la playa, nunca materializada, y la construcción del edificio de aparcamientos conocido como mamotreto, ya derribado.
Al final, el caso dio tantísimas vueltas que logró confundir a una opinión pública muy dividida entre los defensores de la inocencia del alcalde Zerolo y los convencidos de su culpabilidad, reacios a aceptar las dilaciones interminables en el procedimiento, fruto la mayor parte de ellas de la estrategia defensiva de Zerolo y de sus cambios de aforamiento. Además, el caso se desdobló en multitud de procedimientos paralelos, como el del mamotreto, o el que tiene que ver con el hecho de que el Ayuntamiento supiera que los terrenos que compraba eran ya de su propiedad cuando pagó por ellos, o el caso Hubara sobre financiación política. De hecho, todavía quedan por resolver los pleitos civiles y la reclamación de las cantidades pagadas por el Ayuntamiento, y caben aún hipotéticos y costosos recursos de la sentencia del Supremo ante el Constitucional, que muy probablemente ni siquiera servirían para ganar tiempo a los condenados, antes de entrar en prisión.
Siguen además en el aire muchas preguntas sin responder... La primera, por qué Plasencia y González compraron los terrenos que luego colocarían al Ayuntamiento solo tres días antes de que una sentencia -también del Tribunal Supremo- estableciera derechos edificatorios por más de 180.000 metros cuadrados en el frente de playa. El origen del pelotazo está en esa decisión, producida tras una filtración no desvelada que adelantó a los empresarios la decisión del Supremo. Otra pregunta sin contestar: se ha establecido que parte de los terrenos recalificados por el Supremo eran en realidad públicos, y que el Ayuntamiento acabó pagando por parcelas que ya eran de su propiedad. ¿No se sabía eso cuando el Supremo falló a favor de los propietarios? ¿Cómo permanecían inscritas esas parcelas a título de propietarios privados? Y una cuestión importante más, en la que la sentencia no ha entrado: 180.000 metros cuadrados de frente de playa tienen un valor comercial no inferior a 350 millones de euros. ¿Por qué vendieron los empresarios tan rápidamente y muy por debajo de ese valor? ¿Sabían quizá que parte de ese suelo era público? También queda en el aire la sospecha de por qué el Ayuntamiento en pleno, con todos sus grupos, apoyó la compra, dado que el juicio no entró nunca a probar la existencia de sobornos o cohecho, dejó a un lado el probable lucro personal de los políticos y funcionarios implicados. Y tampoco sabremos nunca cuál fue el papel desempeñado por CajaCanarias, que dio el crédito multimillonario a la empresa Inversiones Teresitas SL, creada a uña de caballo por Plasencia y González -consejero de la Caja-, y puesta a nombre de un empleado con una nómina de 700 euros. La operación fue contestada por el Banco de España, pero ninguno de los directivos responsables de la Caja en ese momento llegó a ser juzgado, a pesar de que uno de ellos admitió en sede judicial haber recibido grandes cantidades de dinero de Plasencia en los días en que se firmó la operación.
Pero todo eso carece ya de relevancia, porque el Supremo ha respaldado la existencia de malversación y prevaricación en un procedimiento de compra infestado de irregularidades, entre ellas desdeñar la advertencia de que las fincas que se compraban no valían ni de lejos lo que el informe de la tasadora privada, Tinsa, había certificado para CajaCanarias.
La verdad judicial es un constructo, un consenso entre lo que realmente ocurrió y lo que puede probarse. La verdad responde a matices que el trazo grueso de la aplicación de las leyes a veces no distingue. Pero la sentencia que pone punto final al caso de Las Teresitas cierra con toda legitimidad el proceso más importante de la historia democrática de Canarias, comparable en su alcance mediático y repercusión social al juicio del caso Santaella, celebrado en plena Transición. Una auténtica catarsis para Tenerife, al afectar no sólo al que fuera alcalde de la capital, sino también a dos de sus empresarios más poderosos e influyentes, vinculados durante años a instituciones como la Cámara de Comercio, CEOE-Tenerife o la desaparecida CajaCanarias, además de a concejales de todos los partidos y a funcionarios muy conocidos, para los que se solicitaron durísimas penas de inhabilitación y de prisión, en un ambiente de expectación y fin de ciclo político.
Más allá de las penas impuestas a los seis autores probados de la malversación y prevaricación, la sociedad tiene el derecho y el deber de resarcirse de los daños causados a su patrimonio. Y eso sólo se podrá conseguir con la efectiva devolución del dinero perdido -más de cien millones de euros- hoy pendiente de que se diriman los embrollos de la causa civil, y de que los empresarios no hayan gastado el dinero que recibieron, o que -como han denunciado fuerzas políticas municipales- se hayan producido operaciones de levantamiento de bienes.
Es obvio que la segunda parte del caso Las Teresitas, la que se refiere al rescate del dinero, aún está por escribir. Pero lo que sí resulta evidente es que pasados trece años desde el inicio del procedimiento judicial, el escándalo ha modificado las formas de hacer política en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, y las relaciones de poder en la isla. Zerolo, que fuera alcalde durante 16 años, y era considerado el político con más futuro para asumir el liderazgo tinerfeño, está hoy completamente alejado del partido para el que ganó tres mayorías municipales. Las ganó -gracias al voto de miles de santacruceros- incluso con el caso Las Teresitas ya judicializado, la compraventa del frente de playa suspendida por el Supremo, o después de haber sido implicado en el caso Fórum Filatélico. Pero las cosas estaban cambiando: su partido le sustituyó por el actual alcalde, José Bermúdez, e inició una depuración de concejales y funcionarios de su cuerda implicados en la operación, aunque la Justicia no los considerara directamente responsables en la malversación. Tenerife es hoy una sociedad diferente a la que vio surgir el escándalo: el poder empresarial no se concentra como antes en pocas manos, las entidades financieras locales actúan al margen de la presión política, los medios de comunicación son más críticos y la creciente ola de rechazo, vigilancia y denuncia de la corrupción ha logrado establecer controles en el gasto público. Un pelotazo de libro como el de Las Teresitas sería hoy mucho más difícil.
(Editorial El Día, 31/03/2019)
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