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Conflicto catalán: Juicio al Procés
Comienza el 12 de febrero de 2019 con 12 líderes independentistas acusados.
Comparecen 500 testigos a los que preguntan Fiscalía, Abogacía del Estado, Acusación popular (Vox) y las defensas.
Sobre el procedimiento de las preguntas y contrapreguntas a los testigos citados se hacen constar muchas protestas de las defensas.
El tribunal que tomará la decisión final está compuesto de siete jueces y presidido por Marchena.
La continuidad del Gobierno de Pedro Sánchez depende de votos catalanes para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2019.
El protagonista central Puigdemont se encuentra prófugo en Bruselas.
Turull, exconseller de Presidencia, declaró que por un auto que no merece reproche penal llevo un año en la cárcel.
Los acusados se escudan de manera recurrente en el derecho a la autodeterminación. Es lícito obrar siguiendo el mandato del pueblo. La democracia está por encima de la ley.
Junqueras denuncia estar frente a un juicio político. Su defensa lo denominó previamente una causa general contra el independentismo.
Habla de su empeño en hacer cumplir el mandato catalán.
Declaración de Rull:
El exconseller de Territori Josep Rull denunció que en distintos espacios se haya percibido esta lengua como una amenaza.
Calificó la aprobación de la Ley del Referéndum como acto trascendente que honraba a quienes lo hicieron posible.
Insistió en su deber de hacer cumplir el mandato democrático recibido de la ciudadanía catalana.
Expresó su convicción de que el Tribunal Constitucional español tiene un déficit importante de autoridad moral.
Su creencia plena en que aparecerían distribuidas las urnas la mañana del referéndum respondía a su confianza en el país.
Torrent, citado como testigo como presidente del parlamento, aprovecha para declararse independentista desde que tiene uso de razón. Como prefesión declara ser politólogo.
La mesa del Parlament no puede convertirse en órgano censor. Nadie podrá impedir que algún día votemos.
Carme Forcadell:
Después de la declaración unilateral de independencia (2017) el Supremo designa como instructor de la causa para investigar si hay delitos rebelión y sedición al magistrado Pablo Llarena.
Declara ante el tribunal que la DUI era una declaración política sin consecuencias jurídicas, acató la aplicación del artículo 155 y admitió que había tramitado leyes sobre las que el Constitucional le había requerido no hacerlo.
La Mesa tiene la función gubernativa de admitir e inadmitir propuestas parlamentarias.
Las advertencias del Constitucional son calificadas de mandatos durante el juicio.
En enero de 2018 renuncia a ser reelegida presidenta del Parlament y le sucede en cargo Roger Torrent.
En marzo, finalizada la votación fallida para la investidura de Jordi Turull como candidato a presidente de la Generalitat, renuncia, junto con Marta Rovira y Dolors Bassa al acta de diputada.
Al día siguiente se dicta nueva resolución en la causa judicial, ordenando el ingreso en prisión de Forcadell, Turull, y de los exconsejeros Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa.
Llarena determina que el tipo de confinamiento sea prisión provisional incondicional sin fianza para los cinco tras considerar que había riesgo de fuga y de reiteración de los delitos por los que fueron procesados.
La expresidenta del Parlament es condenada a 11 años y medio de prisión por sedición (octubre 2019).
La Fiscalía pedía 17 años de cárcel y 17 de inhabilitación absoluta por un delito de rebelión. En el delito de rebelión la señala como promotor o jefe principal.
Quedaría absuelta del cargo de rebelión.
Declaró sobre la desobediencia al Constitucional que esto no lo puede hacer la mesa de un parlamento, refiriéndose a convertirse en un órgano de censura.
El Constitucional está politizado y no es imparcial.
En su alegato final incluyó frases imprecisas de libre interpretación como que la palabra tiene que ser libre o la censura no debe entrar en el Parlamento [...] si lo hiciéramos estaríamos coartando los derechos y las libertades de los ciudadanos [...] la inviolabilidad de los parlamentarios es la base para que se pueda hablar de todo.
Declaró que estaba encarcelada y siendo enjuiciada por mi trayectoria política (ERC).
Acusó a la Guardia Civil y a la Fiscalía por haberse inventado indicios contra ella.
Aseguró que los cuatro meses de juicio no habían servido para nada.
El Supremo le atribuye un papel decisivo en el proceso independentista desde su privilegiada posición como presidenta del Parlament, al amparar desde esta posición la creación de una legalidad paralela carente de validez con las leyes de desconexión (ley de Transitoriedad y ley de Referéndum).
La intervención en fase de informe del Fiscal Cadena dedicó una parte sustancial del tiempo a analizar el elemento de la violencia.
Las protestas tras la sentencia del procés dejaron 600 heridos y 200 detenidos.
Sánchez hizo una visita a los agentes heridos en Barcelona y se pudo ver a un escolta con subfusil de asalto.
El 28/07/2020 la jueza de vigilancia penitenciaria suspende el tercer grado a cinco de los nueve líderes del procés.
Según la Fiscalía las penas deben servir para que los internos se conviertan en personas que tengan la intención y la capacidad de vivir respetando la ley penal.
Se deben modificar las distorsiones que les llevaron a delinquir, como el convencimiento de que han hecho lo correcto y la creencia de que pueden arrogarse la capacidad de interpretar la voluntad popular.
Deben comprender que para alcanzar la independencia no hay otra vía que la modificación legislativa por las vías legales, algo que los internos no han interiorizado, pues siguen creyendo en un mandato superior del Parlament por encima del mandato constitucional y las resoluciones judiciales.
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