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Juicio 2016:
A medida que avanza el juicio de Las Teresitas, ante las escasas sorpresas -aunque muy ruidosas- que se producen en las declaraciones de los testigos, uno se pregunta si este juicio resolverá finalmente las dudas que aún existen sobre el caso, si servirá para hacer justicia de verdad, o al final contribuirá a alimentar la frustración y desconfianza de los ciudadanos ante el funcionamiento de los tribunales. Para empezar, parece muy difícil que la causa penal en marcha concluya con grandes penas: estamos ante un juicio por presunta prevaricación y malversación, no por cohecho. Prevaricar es dictar conscientemente una resolución injusta, malversar es usar recursos públicos en algo ajeno a su función, y cohecho es sinónimo de soborno a un funcionario público.
Este juicio no busca demostrar la existencia de cohecho, tipo penal descartado por la fiscalía, después de una investigación exhaustiva, que duró años, y en la que no se encontraron pruebas para montar una acusación por cohecho. Por eso, la extendida idea de que la compraventa movió sobornos y untamientos sin cuento, sobrevuela la sala del juicio, pero no acaba de aterrizar en su agenda. Lo que se juzga, lamentablemente, es tan sólo la actuación del alcalde, algunos concejales y funcionarios y los empresarios Plasencia y González, en la operación de recompra municipal de una propiedad adquirida por los empresarios. Esa propiedad, varias parcelas en el frente de playa y en el Valle de las Huertas, fue comprada por 30 millones gracias a un crédito concedido por la Caja en sólo seis días a una empresa recién creada. La propiedad fue vendida después en dos lotes por un total de 130 millones, de los que 50 fueron pagados por el ayuntamiento. Un ayuntamiento que -para poder abonar esa estratosférica suma- tuvo que endeudarse hasta las cachas y vender algunos de sus principales activos, como la empresa municipal de aguas, que fue privatizada.
Lo que se pretende con este juicio es determinar si los acusados prevaricaron o malversaron, aunque resulta muy difícil entender por qué a los empresarios se les imputan los mismos delitos, propios de funcionarios y políticos. Y es que hay muchísimas lagunas en la investigación y en el juicio: aprovechando la comparecencia como testigo de Rodolfo Núñez, expresidente de CajaCanarias, habría que preguntarse por qué quienes autorizaron el gigantesco crédito concedido a Inversiones Las Teresitas no fueron nunca imputados. Siempre he pensado que el caso Las Teresitas tiene tres ejes: la sospechosa y oportuna compra por los empresarios de los terrenos, el crédito multimillonario (el mayor de la historia de la Caja) y sin garantía alguna a esos empresarios, y por último la compra acordada por unanimidad por el ayuntamiento. Los dos primeros asuntos están por completo fuera del juicio. ¿Por qué lo están, siendo las claves del resto de la historia? ¿Por qué no parece ser importante averiguar quién filtró a los empresarios desde el Tribunal Supremo que se iba a poder edificar en Las Teresitas? Sin esa información privilegiada -constitutiva de delito- no habría caso. ¿Por qué no se averigua cómo y con qué intereses se devolvieron los cuatro millones que Plasencia le prestó de su bolsillo al presidente de la Caja tras la operación?
Este juicio ha despertado una enorme expectación, pero cuando sólo se han desarrollado unas pocas vistas, uno tiene ya la sensación de que va a dejar muchas preguntas -algunas de ellas las más importantes- sin respuesta alguna.
(Francisco Pomares, 17/09/2016)
Anexo de la tasadora:
Tras presentarse la denuncia por la compra de Las Teresitas, y durante años muchos después, la explicación que se dio desde el Ayuntamiento de Santa Cruz a la operación fue que se trataba de dar salida a una exigencia de la sociedad chicharrera, movilizada por evitar la construcción en el frente de playa. Es verdad que esas movilizaciones existieron, y que el rechazo social a la construcción en la playa era casi unánime. Y es razonable que el Ayuntamiento intentara buscar una solución para evitar que los edificios acabaran por levantarse en la zona. Tan razonable, que no hubo ni un solo partido político que se opusiera. La compraventa fue votada por unanimidad, con el apoyo de los concejales de ATI y de la leal oposición, integrada entonces por el PSOE y el PP. A fin de cuentas, de lo que se trataba era de favorecer el interés colectivo. Lo que pasara después, que los empresarios tuvieran la suerte de conseguir un crédito multimillonario sin tener que aportar garantías, o que sacaran un beneficio tan extraordinario -más de cien millones de euros- al final de la operación- pudo ser cuestión de suerte, o fruto del legítimo esfuerzo de Plasencia y González por obtener los mejores beneficios. ¿Quién va a discutirles a los empresarios su derecho a sacar la mayor tajada posible en un negocio? Desde luego, un consistorio sensible como el de Santa Cruz, no. Otra cosa es que hubiera algunas prisas e irregularidades en la gestión de la operación. Pero eso también puede ser explicable: ante un desembolso tan importante que obligó al ayuntamiento a tener que vender su principal activo -la empresa municipal de aguas- para hacer frente a la deuda contraída, los políticos y funcionarios estaban nerviosos, los pobres, y no hilaron demasiado fino. Todo el mundo puede cometer errores de apreciación, de juicio, o errar en los trámites y papeleos... ¿Quién no se ha equivocado alguna vez?
Lo que pasa es que quienes idearon la justificación de esta compra, y la defendieron durante años contra viento y marea, con el concierto y apoyo de una sociedad entontecida y unos medios dormidos, se olvidaron de explicar algunas cosas y la más importante de todas, la más concluyente a la hora de decidir si hubo o no ese 'pelotazo de libro' del que se habla continuamente, es por qué el Ayuntamiento no se apoyó en la peritación más baja para establecer el precio de lo que querían comprar. Todo lo contrario, prefirieron usar las valoraciones más altas. No sólo hicieron lo posible por esconder, extraviar o traspapelar el informe de peritación de la arquitecta municipal, Pía Oramas, que -según ella misma ha reconoció-, fue objeto de todo tipo de presiones para que respaldara una valoración de los terrenos superior a los 18 millones que figuraban en su informe. También presionaron a la mercantil Sociedad de Tasación, con más éxito que a Oramas. Esa compañía también había calculado que los terrenos valían 18 millones de euros, porque había reservas al aprovechamiento hotelero de las parcelas del frente de playa por cuestiones como el deslinde marítimo terrestre, las cesiones de aprovechamiento, la moratoria turística, la consolidación del suelo o la modificación del plan general. A pesar de eso, siguiendo instrucciones del Ayuntamiento, la tasadora realizó el cálculo sin considerar esas reservas y fijó el valor en 45 millones. Eso sí, se cubrieron en salud, entregando al consistorio un anexo a su informe, en el que advertían que de aplicarse la reservas, el valor de lo tasado sería de 18 millones. Ese anexo no aparece por ningún lado en la documentación del Ayuntamiento, aunque ayer fue aportado por el representante de la tasadora, e incorporado por decisión judicial al expediente judicial de Las Teresitas ante las protestas de los abogados defensores, que hablan de indefensión, y dudan de que sea auténtico... Quizá la tasadora tenga un interés especial en perjudicar a sus antiguos clientes, como quieren hacernos creer los abogados. O quizá no sea eso...
Quizá sea todo más simple: existe un principio metodológico y filosófico atribuido al franciscano Guillermo de Ockham, que vivió en la Baja Edad Media, y que establece que "en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más probable". Se conoce también como 'principio de parsimonia' o 'La navaja de Ockham'. Y va a ser que la navaja de Las Teresitas está en ese anexo...
(Francisco Pomares, 18/10/2016)
Escasa expectación:
Estaba previsto que el juicio de Las Teresitas se convirtiera en un gigantesco escenario para la presentación de las vergüenzas políticas y económicas de la etapa Zerolo, y que -tal y como ocurre en estos casos- al final aquel tiempo no tan lejano quedara globalmente salpicado por todo tipo de pequeñas y no tan pequeñas infamias, y por postreras delaciones y deslealtades, propias del "sálvese quien pueda". Es muy significativo que hasta la fecha eso no haya ocurrido, que aún se mantengan más o menos prietas las filas, y que quienes acompañaron a Zerolo en esos tiempos se hayan mantenido globalmente unidos y sin fisuras. El desfile de testigos y peritos de las defensas, y sus circunspectas declaraciones, son la mejor demostración de que el caso Las Teresitas no ha logrado sacudir aún los cimientos fraguados entonces. La política se ha apartado del caso todo lo que ha podido, y hasta más, pero las viejas complicidades se mantienen.
Quizá eso tenga que ver con el hecho de que antes de comenzar la vista no parecía sencillo demostrar la existencia de delito. Es sabido lo difícil que es probar determinados crímenes vinculados al ejercicio de lo público, sobre todo si no aparece el dinero, y lo cierto es que -con la excepción de a los empresarios, que el dinero se les conoce y supone- y de algunos que sorprendentemente solo han sido testigos en esa causa a pesar de que el dinero se les encontró -estoy pensando en un abogado estajanovista, en algún concejal que escapó de rositas en esta concreta causa y en algún colaborador necesario...-, resulta que al conjunto de los imputados no se les pilló con nada. En algunos casos no habría nada que pillar -estoy convencido de que varios de los que hoy se sientan en el banquillo actuaron de buena fe o por obediencia debida y se han convertido en los chivos expiatorios de esta causa-, y en otros el dinero de origen sospechoso se diluye rápidamente y se le pierde la pista. Si alguno de los actuales acusados fue compensado por los empresarios por sus gestiones con pasta contante y sonante, lo cierto es que -por lo que sabemos hasta hoy del sumario- la policía nunca encontró el parné, a pesar de haberles revisado el fondillo a todos ellos.
Aun así, y al margen de que este juicio concluya o no con parte de los encausados entre rejas, el juicio no está escandalizando especialmente a los chicharreros. En los bares se habla más del Gürtel que de Las Teresitas, y la percepción pública que se impone -a pesar del esfuerzo inusual de los medios por informar, y de la tensión que se vive en la sala y contamina a veces los aledaños del Palacio de Justicia- es que se trata de un asunto antiguo, en el que participaron unos pocos y que no nos afecta colectivamente. Y no es cierto: Las Teresitas se produjo gracias a la confluencia de intereses en torno a unas plusvalías gigantescas. La primera compra a la Junta de Compensación, inducida por una filtración probablemente untada, se pagó con un crédito que ninguna otra entidad distinta de la CajaCanarias de entonces habría concedido: una morterada sin avales ni garantías, prestada por la jerola a una empresa de un consejero de la entidad -Ignacio González- y del ex secretario de su Consejo -Antonio Plasencia-. Y después, la unánime decisión municipal de comprar la propiedad en cuestión por tres veces su valor peritado, y sin prestar atención al hecho de que la playa podía ser de propiedad pública en el momento en que se pagaron por ella 52 millones. Y por último, como consecuencia de ese generoso pago -que endeudó al Ayuntamiento hasta las trancas- y de la recalificación de la otra parte de los terrenos comprados por los empresarios y vendidos a la aseguradora Mapfre, unos beneficios estratosféricos, superiores a los cien millones de euros, que sirvieron para lanzar un partido familiar y nuevo, que cogobernó con Zerolo, paseó por Coalición y acabó haciendo lista con el PP, y que ya no existe...
La operación de Las Teresitas sí cambió esta ciudad. Para mal. Lo que no logró cambiar fue una playa, dejada hasta hoy de la mano de Dios.
(Francisco Pomares, 19/10/2016)
El precio de la lealtad:
Miguel Zerolo ha sido el primero de los acusados por Las Teresitas en declarar ante el tribunal, sin sorpresas en su línea de defensa: ha vuelto a insistir en que su objetivo era responder a la demanda ciudadana de "salvar la playa" y evitar que se edificara en su frente, y que confiaba que sus esfuerzos en ese sentido fueran aplaudidos y recompensados por los ciudadanos. Ha dicho más, claro. Por ejemplo, ha reconocido que fueron los empresarios quienes fijaron el precio final de la compra, con un "lo tomas o lo dejas", que Zerolo escuchó -según ha contado- de Ignacio González, y que el exalcalde considera suficiente explicación para haberla liado parda en el trámite de valoración de la playa, forzando a las tasadoras a llevar el precio hasta donde los empresarios querían.
El resto de la declaración de Zerolo -sometido a un intenso tercer grado por el equipo fiscal- consistió básicamente en hacerse el sueco -"no sé, no sabía, no me consta, no se me informó, no tuve conocimiento"- y en responsabilizar a Manuel Parejo, su segundo, y a los funcionarios municipales de todo el trámite. Zerolo ni hablaba, ni escuchaba, ni veía nada de lo que pasaba a su alrededor. Todo fue culpa de los otros. Supongo que algunos se escandalizarán por el cinismo del exalcalde -a veces yo cedo a esa tentación- pero no sé qué harían ellos -o qué haría yo- si les tocara estar sentados en el banquillo en un juicio con una petición de ocho años de prisión. Zerolo tiene derecho a defenderse, incluso a protegerse detrás de su infantería y sus coroneles, a los que parece haber convertido en candidatos al sacrificio. Pero produce cierto rubor verle señalar a los funcionarios que obedecían mansamente sus instrucciones, o al leal Manuel Parejo, chivo expiatorio de este y otros asuntos municipales de la "época Zerolo", un hombre que hizo todo lo que pudo y supo por cumplir el encargo de su alcalde sin violentar la legalidad. Es cierto que Parejo se excedió en el cumplimiento de sus obligaciones, forzó esa legalidad -probablemente hasta romperla- y que sucumbió al entusiasmo de entregar al alcalde y al ayuntamiento la solución que alcalde y grupos municipales le encomendaron unánimemente. Porque para él, el éxito de la operación de Las Teresitas era probablemente una demostración de su propia capacidad para negociar y resolver un encargo muy complejo.
Mi intuición es que Parejo no se engolfó, y que -a pesar de eso- va a ser uno de los que paguen el pato en esta truculenta historia. Estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado, y se equivocó él mismo varias veces. Además, es un personaje menor -sacrificable- en este psicodrama en el que los que pusieron el cazo o multiplicaron su fortuna posiblemente salgan de rositas, sin merma de su honor y capital.
Así funciona esto: la verdad judicial tiene algunas veces muy poco que ver con la verdadera justicia. Es solo una caricatura -con frecuencia muy deforme- de lo que realmente ocurrió. Funciona como un consenso aceptado por los que no son destruidos por ese consenso. Van pasando los días de juicio, se suceden las declaraciones, y al final -dentro de unos meses- tendremos sentencia y sentenciados. Así será. Sin duda. Pero yo tengo cada vez más la impresión de que en este teatro ni están todos los que son ni son todos los que están.
(Francisco Pomares, 09/11/2016)
El alegato:
La fiscal anticorrupción, María Farnés, tardó dos enteros días en reproducir su alegato acusador contra el alcalde Zerolo y los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia. En resumen, lo que la Farnés considera haber probado durante este juicio es que la operación de compraventa de Las Teresitas fue "más que un buen negocio, un saqueo a las arcas municipales", del que Zerolo estaba perfectamente al corriente, y no solo de forma pasiva. Cree probado la fiscal que el alcalde manipuló el expediente administrativo y adoptó decisiones y resoluciones contrarias al ordenamiento legal, con el único objetivo de beneficiar a los empresarios. En cuanto a estos, Farnés considera que les movió la avaricia -"un apetito voraz"- y que obtuvieron unos beneficios de 120 millones de euros sin arriesgar nada. Toda la operación fue planificada y orquestada de común acuerdo por los empresarios y los políticos y técnicos implicados, cuya complicidad fue clave para que González y Plasencia obtuvieran esos estratosféricos beneficios de 20.000 millones de pesetas.
Hasta ahí, el alegato de la fiscal no aporta ninguna novedad sobre lo que ya hemos visto a lo largo del juicio, aunque sí es cierto que en su intervención Farnés ordenó el discurso deslavazado de las testificales y argumentó con contundencia y aplomo la posibilidad de que se produjeran sobornos, como única explicación a que el Ayuntamiento pagara por una propiedad en parte suya muchísimo más de lo que valía. Este retorno al concepto del cohecho (en un procedimiento que descartó el cohecho en su origen, porque la policía fue incapaz de seguir el rastro del dinero de los imputados) es la mayor debilidad de su argumento. Si algunos de los que no están -el abogado Hayeck, los directivos de la ya extinta CajaCanarias, algún testaferro de los imputados- hubieran resultado imputados, habría sido más fácil sostener esa acusación, porque en ellos la pista del dinero es mucho más clara. De hecho, la pista del dinero cobrado por el triabogado Hayeck (asesoró a la junta, a los empresarios y al Ayuntamiento en un insólito ejercicio de mestizaje de intereses) le ha costado la primera condena de este "affaire", fruto de una pieza separada del procedimiento central. Pero la fiscal optó hace ya años, cuando presentó el caso, por dejar fuera a varios protagonistas de la operación. Es difícil saber qué la llevó a hacerlo. Pero introducir la figura del cohecho en un juicio por malversación y prevaricación, aun cuando todos sepamos de qué se está hablando, quizá resulte -en términos jurídicos- un poco temerario. Ocurre que el de Las Teresitas no es solo un caso judicial, aunque sean los tribunales los que tengan que dirimir un veredicto, que es lo que prevalece. Este es también el juicio a una época de abundancia y despilfarro, a un Ayuntamiento gobernado sin controles y a una sociedad que aplaudía la fiesta y miraba para otro lado.
En ese sentido, que la fiscal nos recuerde lo que realmente ocurrió, que se abra a la reflexión sobre las responsabilidades de cada cual (por cierto, se le ha olvidado la suya al dejar fuera a unos cuantos), es de recibo: la justicia se mueve por distintos caminos.
Y luego está la verdad judicial: a veces es fruto de una suerte de entente entre lo que resulta obvio y lo que puede probarse.
(Francisco Pomares, 03/12/2016)
Derribo del mamotreto (agosto 2017)
El pasado 30 de agosto, los equipos de demolición comenzaron a derribar el mamotreto, el polémico edificio de aparcamientos de la playa de Las Teresitas, diseñado por el arquitecto francés Dominique Perrault, cuya penosa gestión administrativa desató una tormenta político-judicial que ha acabado con seis personas condenadas y dos políticos y una funcionaria entre rejas.
Ayer, algunos periódicos de Tenerife publicaban en primera imágenes de la demolición, como si esta hubiera comenzado el lunes. Es el efecto de la imagen: las palas mecánicas atacaron el edificio por su exterior, demoliendo parte de la cubierta, y como la imagen manda, fueron esas imágenes las que simbolizan el inicio de un derribo en el que se lleva ya trabajando mes y medio. Un derribo absurdo, ordenado por una sentencia judicial igualmente absurda. Los vecinos de Santa Cruz pagamos con nuestros impuestos el proyecto de edificación de Perrault, uno de los mejores arquitectos del mundo, y también la construcción de un edificio de aparcamientos que tenía que haber quedado enterrado, pero del que nunca vimos el resultado final. Y ahora pagaremos -porque probablemente no puedan hacerlo los concejales y funcionarios condenados- por su demolición. Todo para acabar construyendo otro edificio similar unos metros más allá.
Mientras aquí disparamos con pólvora de rey -la de nuestros impuestos-, en otros lugares, en Las Palmas de Gran Canaria, sin ir más lejos, un asunto muy parecido, el de la Biblioteca Provincial, acabó resolviéndose. Hoy la biblioteca es un precioso edificio construido sin las adecuadas licencias y permisos, pero salvado de la picota por el sentido común y la negociación entre los afectados. En Santa Cruz de Tenerife el sentido común hace tiempo que cedió a las disputas políticas: una funcionaria y dos concejales están en la cárcel por un asunto que no debió salir nunca de lo contencioso-administrativo, sin que nadie les haya acusado de robar, "solo" por haber prevaricado al invadir el espacio marítimo- terrestre, por haber cometido un delito contra la ordenación del territorio, al tramitar incorrectamente el expediente administrativo. Lo cierto es que el caso del mamotreto se vio infectado por el discurrir del "affaire" de Las Teresitas, y dio lugar a una sentencia -bendecida en todas las instancias y apelaciones- que atenta contra la razón. Una sentencia -a mi juicio- incomprensible. Pero incluso las sentencias incomprensibles, absurdas o contrarias al sentido común, deben ser cumplidas. Tenemos el derecho a criticar una decisión de los tribunales, pero cuando concluye el recorrido de una causa por las distintas instancias, y la sentencia se convierte en firme, lo único que queda es acatarla. Sin acatamiento de la ley y de las interpretaciones que de la ley hacen los jueces no son posibles la convivencia y la paz.
Santa Cruz ha perdido mucho dinero con esta causa, al menos los diez millones de euros que costó levantar el edificio. Tres personas purgan con prisión sus errores y otras tres soportan condenas sin entrar en la cárcel. Y la playa de Las Teresitas, en vez de contar con un edificio subterráneo emblemático, diseñado por Perrault, es hoy un sumidero de escombros, el mismo basural de ilusiones y deseos frustrados que es toda la playa, desde que la codicia y la estupidez se instalaron en ella.
(Francisco Pomares, 20/09/2017)
El partido de los González:
La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife desestimó ayer los recursos y alegaciones presentados por los investigados por el caso Hubara, una hijuela del "affaire" de Las Teresitas que seguía la pista del gasto de más de cinco millones de euros en la campaña electoral de 2007, realizado por Ignacio González Santiago, hijo del empresario Ignacio González Martín, ya condenado por Las Teresitas a cinco años de prisión. La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife ha pedido hasta cuatro años de cárcel para cuatro de los dirigentes del partido de diseño montado -presuntamente con el dinero que logró su padre gracias a la operación de Las Teresitas- por Ignacio González hijo. El alarde organizativo del Centro Canario Nacionalista en aquella campaña, el fichaje con contrato y pagos a algunos candidatos, la profusión de locales, la adquisición de todo un parque móvil y el gigantesco gasto publicitario, con compra de espacios en todos los medios, provocó en su momento una oleada de sospechas sobre el origen de los enormes recursos destinados tan munificentemente a esa campaña. Aunque hay que decir que fueron pocos los medios de comunicación que se negaron a colaborar en ella.
Hoy se piden penas de cuatro años de prisión para Ignacio González hijo por un presunto delito de falsedad relativo a la aplicación de la ley electoral, y a su padre, en aquel entonces presidente de la Cámara de Comercio de Tenerife, al que también se imputa por los delitos de falsedad electoral (seis meses) y malversación de fondos (tres años). La fiscalía pide también penas menores de prisión para Pedro González -hijo y hermano de los anteriores- y para Juan Pedro Ruiz, mientras que a José Luis Langa -el administrador del partido que organizó la campaña, y que siempre ha negado estar al corriente de la procedencia del dinero usado- se le piden cuatro años de cárcel.
La trama montada por los González no era muy diferente de la que se usaba en menor escala en buena parte de los partidos, con distintos mecanismos y procedimientos. Lo que ocurre es que en el caso del CCN, y en 2007, las trampas, falsedades y excesos fueron evidentes. No se trataba de que un empresario entregara un par de miles de euros en B al despiste, o pagara a una imprenta unos carteles. Fue una verdadera locura: el gasto que el partido de los González tenía autorizado era de poco más de dos millones de euros y se gastaron más de siete. Se tiró el dinero a manos llenas, y las facturas las pagaban las empresas de los González, tras haber recibido la inyección económica que supuso el pelotazo de Las Teresitas. El objetivo era construir prácticamente de la nada un partido que pudiera llegar a tener presencia en la mayor parte de los ayuntamientos de las Islas, y ser determinante en la construcción de nuevas mayorías. Ese proyecto fracasó, porque -a pesar del dispendio-, el dinero no logró atraer el voto de los ciudadanos a las urnas, al menos no en la medida que se esperaba, y los resultados del CCN fueron bastante pobres.
Diez años después, la Justicia parece tener ya claro lo que se gastó, cómo se hizo y con qué objetivos. Ahora falta que se pruebe.
(Francisco Pomares, 23/09/2017)
Final Troyano:
Tal y como se esperaba, el Tribunal Supremo confirmó ayer la condena dictada por la Audiencia Provincial de Tenerife contra Miguel Zerolo y el resto de los acusados en el caso de Las Teresitas, condenando así al exalcalde de Santa Cruz de Tenerife a siete años de prisión, que deberá comenzar a cumplir inmediatamente. El Supremo ha confirmado también la pena de siete años de cárcel para el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, de cuatro años y seis meses para el exgerente de Urbanismo José Tomás Martín González y de cinco años y tres meses para los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González. Todos ellos entrarán en prisión.
La sentencia -contra la que ya no cabe recurso viable, más allá de una hipotética e inútil reclamación ante los tribunales europeos- supone el cierre definitivo del caso Las Teresitas, iniciado tras la compraventa hace casi veinte años del frente de la playa chicharrera, por un importe de 52,5 millones de euros, cuando el precio de mercado era sustancialmente inferior, según demostraron durante el procedimiento diversos informes periciales. El juicio de Las Teresitas supuso una auténtica catarsis para la vida política tinerfeña, al afectar no sólo al exalcalde de la capital, sino también a dos de sus empresarios más importantes e influyentes, vinculados durante años a instituciones como la Cámara de Comercio, CEOE-Tenerife o la desaparecida CajaCanarias, entidad financiera que también resultó salpicada por una operación contestada por el Banco de España. En el caso han resultado condenados concejales del grupo de gobierno y funcionarios del ayuntamiento, pero ningún directivo de la Caja que concedió el crédito necesario para materializar la operación por parte de los empresarios, operación que acabó con la mítica baraka de Zerolo, hoy completamente alejado del partido con el que logró mantener mayorías municipales ininterrumpidas desde que Hermoso le cedió la alcaldía en 1995, ganando holgadamente como candidato las municipales de 1999, 2003 y 2007, está ultima vez después incluso de que el juez Garzón le hubiera implicado en el caso Fórum Filatélico, y el Supremo hubiera suspendido la compra venta de Las Teresitas.
Aislado hoy de la política y la vida social tinerfeña, censurado por los mismos que aplaudieron a rabiar su ejecutoria edilicia y despreciado por quienes defendieron por encima de cualquier duda razonable su inocencia, Zerolo se enfrenta también a la reclamación de que devuelva el dinero invertido por el ayuntamiento en la operación, mientras reflexiona -al margen de todos los focos- sobre la vieja sentencia sic transit gloria mundi. Porque Zerolo llegó a ser el verdadero hombre fuerte de Tenerife, la mayor apuesta de una parte de la sociedad chicharrera que veía en él a un personaje carismático y osado, un tipo con una agenda llena de golpes de efecto, amigos en todos los barrios y todas las clases, y una despreocupada actitud ante las cautelas, que le llevó a creer que la compra de Las Teresitas y su preservación como playa pública intocada, le convertiría en un héroe popular. El héroe que Tenerife necesitaba, munificente, carnavalero, entregado al gasto, la inauguración y la fiesta, populista hasta la médula, desafiante y un punto apenas indepe, lo justo para captar el voto y el aplauso del tradicional nacionalismo criollo de la Isla. Ese fue Miguel Zerolo: jamás se le vio achantado por los acontecimientos, hasta el mismo juicio, cuando prefirió escudarse tras sus subalternos para evadir su propia responsabilidad. Supongo que nunca pensó que esto pudiera llegar a pasarle a él. Se equivocó.
(Francisco Pomares, 29/03/2019)
Filtraciones:
Más allá de las penas impuestas a los seis autores probados de la malversación y prevaricación del caso Las Teresitas (la investigación obvió probar la existencia de cohecho), la ciudad de Santa Cruz de Tenerife tiene la obligación de intentar resarcirse de los daños causados a su patrimonio por la compra de los terrenos. La decisión de la Audiencia de embargar dos inmuebles propiedad de una empresa de Antonio Plasencia puede considerarse un éxito de las gestiones realizadas por las autoridades municipales en los últimos años: la alcaldesa Patricia Hernández se ha atribuido el protagonismo de este resultado, que en realidad tiene varios impulsores reconocidos. La alcaldesa actual recoge el resultado de una petición de devolución de los cuartos instada en el pasado por el alcalde Bermúdez, y que ella se atribuye ahora: eso es política.
Pero lo que de verdad debiera preocupar a la actual alcaldesa, al anterior alcalde, y a todos los que se arrogan la paternidad de este éxito es si servirá realmente para conseguir la efectiva devolución del dinero desembolsado por los terrenos -más de cien millones de euros, si se incluyen los intereses-, un dinero hoy pendiente de que se diriman los embrollos de la causa civil sobre la compraventa.
Porque, al margen de la sentencia que condenó a Zerolo, la historia es más complicada de lo que parece: el Ayuntamiento pagó noventa millones a la sociedad de Plasencia y el fallecido Ignacio González -Inversiones Las Teresitas- por unos terrenos que habían sido adquiridos por sólo treinta, con un crédito concedido por CajaCanarias, solo tres días antes de que una sentencia -también del Tribunal Supremo- estableciera derechos edificatorios por más de 180.000 metros cuadrados en el frente de playa, que pasó a valer alrededor de 350 millones. El origen del pelotazo está en esa decisión de compra, producida tras una filtración no desvelada que adelantó a los empresarios la decisión del Supremo.
El Ayuntamiento ha exigido la devolución del dinero que pagó, y por eso se han embargado las propiedades de Plasencia, pero? es de suponer que, si Plasencia devuelve el dinero, será a cambio de recuperar los terrenos vendidos, o al menos la parte de ellos sobre los que no hay duda de que eran de propiedad privada. Pero los terrenos no valen ahora ni la décima parte de lo que valían cuando los compró el ayuntamiento. Con suerte, su valor será similar al valor por el que fueron adquiridos por Plasencia y González a la Junta de Compensación, porque después el Ayuntamiento modificó su calificación urbanística y ahora los terrenos no son edificables. Batallar esas complejidades es la tarea de los abogados de Plasencia para evitar tener que desembolsarle al municipio una fortuna. Y es de suponer que van a pelear con uñas y dientes.
La exigencia de la alcaldesa de que el dinero se restituya en un plazo máximo de una semana parece, por tanto, un poco ingenua. O no. Patricia Hernández no es precisamente una ingenua. Quizá su exigencia sea fruto de un conocimiento adelantado sobre lo que van a decidir los juzgados en la causa civil que enfrenta al Ayuntamiento y los propietarios. Y es que -en este asunto- de Las Teresitas, todo empezó de la misma forma que podría acabar: con una filtración.
(Francisco Pomares, 29/11/2019)
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