Memoria histórica

Azaña y Negrín Memoria histórica:
España es el segundo país del mundo con más desaparecidos, por detrás de Camboya. La ONU ha instado en varias ocasiones a que se asuma la tarea de localización, exhumación e identificación de las víctimas del franquismo para poder entregar los restos a sus familiares. En el año 2000 España ratifica el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que incluye obligaciones en el tratamiento del crimen de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y de agresión. Su imprescriptibilidad se fundamenta en su extrema gravedad. Son considerados como pertenecientes a una categoría más abominable. En 1990 se crea en Chile la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación presidida por Raúl Rettig, que entrega un informe en 1991. Concluye identificando 2.130 casos de víctimas de violaciones de los derechos humanos y 168 casos víctimas de la violencia política a manos de agentes del Estado. El presidente Aylwing en representación de la nación pide perdón a los familiares de las víctimas. El informe Rettig fue acogido con numerosas críticas e interpretado por los militares como un ataque a su honor y dignidad. En 2003 Ricardo Lagos crea la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, presidida por Sergio Valech. En 2010 el segundo informe reconoce 40.018 víctimas, entre ellas 3.065 muertas o desaparecidas. Las reparaciones a los familiares de las víctimas se instituyeron en forma de pensiones. Los testimonios completos de las víctimas contenidas en el informe serán desclasificados después de 50 años de su publicación.

Símbolos, calles, edificaciones y estatuas:
La Ley de Memoria Histórica (2007) considera vestigio franquista a los escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura. Los ayuntamientos están obligados a elaborar un catálogo de vestigios. Se analiza la presencia de símbolos franquistas en espacios dependientes de administraciones públicas. Un alcalde que ponga la bandera del águila en el balcón del Ayuntamiento puede ser acusado de prevaricación. Un bar adornado con símbolos franquistas no incurre en nada ilegal. En 2018 Franco, Primo de Rivera y otras figuras del franquismo conservan 1.143 calles en España. Había más de 100 calles y plazas con el nombre Generalísimo y 315 dedicadas a Primo de Rivera. Queipo de Llano tiene 51 calles y plazas. José Calvo Sotelo, una de las figuras de la derecha más reivindicadas durante la dictadura franquista, gana con 315 calles. Si no se procede a la retirada de los nombres de las calles no hay sanción porque no hay una regulación sancionadora. En un comunicado de 2017 el Ejecutivo sostiene que las denominaciones de las vías de los municipios no son competencia del Gobierno. En 2019 quedaban casi 1.200 calles en 656 municipios que homenajean a figuras del franquismo. Perduran dos pueblos, Guadiana del Caudillo (Badajoz) y Llanos del Caudillo (Ciudad Real). El primero está en trámites para cambiarlo y el segundo peleó en los tribunales para mantenerlo. Melilla mantiene la última estatua de Franco en la vía pública, representado como un joven comandante de la Legión. Se señala como arquitectura franquista la que busca la reafirmación del régimen. El arco de La Victoria, en el distrito de Moncloa, conmemora el triunfo en la batalla de la Ciudad Universitaria. Se le añaden el Cuartel General del Aire, inspirado en el monasterio de El Escorial, y la Casa Sindical (ahora Ministerio de Sanidad), frente al museo de El Prado.

En abril de 2016 Manuela Carmena propuso el cambio de nombre del Valle de los Caídos por el de Valle de la Paz y dar a este enclave de San Lorenzo de El Escorial una nueva visión y nuevos valores. En el lugar están enterrados Franco y José Antonio Primo de Rivera. Según Carmena Todos estamos de acuerdo en que es un lugar que debe mantenerse. No hay nadie que quiera dinamitar la zona, pero sí que sería correcto y considerable darle una nueva visión e incorporarle nuevos valores. El Valle de la Paz sería un buen nombre que otorgarle. Carmena también ha abogado por cambiar el nombre del Arco de la Victoria ubicado en el distrito de Moncloa-Aravaca por el de "El Arco de la Concordia" o "El Arco de la Democracia". "No tiene sentido mantener un nombre de un monumento con el que se conmemora un golpe de Estado llevado a cabo contra el Gobierno legalmente establecido". "Cuando se le cambie el nombre, y enfatizando de nuevo en este aspecto, no se pretenderá enjuiciar la conducta de las personas que se alzaron en un momento concreto de la historia, porque eso es algo pasado. Lo que se pretenderá con ello es dotar a Madrid de una serie de elementos positivos, como puede ser la cultura democrática".

En junio de 2016 un juzgado de Valladolid condena al Ayuntamiento de Olmedo por mantener simbología franquista en sus calles. Se trata de la primera sentencia por vía penal conseguida en virtud de la aplicación de la Ley de Memoria Histórica. En octubre de 2016 varias placas de la calle Millán Astray aparecieron con una gran pegatina que la rebautizaba como calle Justa Freire, una pedagoga que fue encarcelada en la prisión de las Ventas. En febrero de 2017 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno de Ciudad Real dictó sentencia que condena al Ayuntamiento de Llanos del Caudillo a la elaboración de un catálogo de vestigios de la Guerra Civil y la dictadura. En febrero de 2019 la Senadora del PP Esther Muñoz dijo desde el atril: quince millones de euros destinados a que ustedes desentierren unos huesos.

Sentencias:
La ley de la memoria histórica declara ilegítimos los tribunales franquistas e injustas sus condenas, pero no ilegales. La palabra ilegítimo, muy debatida, es un concepto político, no jurídico. Una sentencia firme solo puede ser anulada por un tribunal, sin que pueda hacerlo ni el ejecutivo ni el legislativo.

España es uno de los países del mundo con mayor número de desaparecidos. La lista de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) contiene nombres y apellidos de 114.226 víctimas del franquismo. Desde 2000 a 2018 se abrieron 740 fosas comunes y se exhumaron más de 9.000 cadáveres. Entre 20.000 y 25.000 podrían ser recuperados en los próximos años. El Ministerio de Justicia elaboró un plan para adjudicar contratos menores (hasta 15.000 euros) para abrir 13 fosas antes de final de 2019. La fosa de Pico Reja (Sevilla) contiene casi un millar de cuerpos. En 2013 CiU, PSOE, IU, UPyD y UPN consensuaron una propuesta para tipificar como delito la apología y el enaltecimiento del franquismo, y el PP se opuso. En Alemania es ilegal llevar en una prenda o bandera las iniciales H. H., o el número 88, interpretado como referencia a Hitler (H es la octava letra del alfabeto).

(*) Andalucía suma un tercio de la represión golpista en toda España, con al menos 45.566 víctimas ejecutadas por el franquismo y arrojadas a 708 fosas comunes, según el Mapa de Fosas de la Junta de Andalucía. Cifras que superan al terrorismo de Estado ejercido en las dictaduras de Argentina y Chile juntas. La mayoría de los desaparecidos forzados en suelo español siguen tirados en fosas, cunetas y simas. En España se repite demasiado la tendencia a optar por la ignorancia y taparnos los ojos ante los problemas cuando vemos aparecer en el horizonte algo que nos da miedo. La postura de que remover las heridas dificulta la convivencia puede ser bienintencionada, pero es corta de miras. Ayuda a tener la fiesta en paz, pero se hace a costa de los derechos de las víctimas y sus familiares. Para dar cierre a los momentos extremadamente violentos del pasado no se puede hacer caso omiso a lo que sostiene el Derecho Internacional en tratados que España ha firmado. Los crímenes de lesa humanidad deben abordarse de la forma en que nos obligan los tratados.

En 2009 la Hermandad de La Esperanza Macarena acuerda suprimir la referencia de la insurrección militar de la capilla en la que fue enterrado Queipo del Llano. En 2011 la Hermandad de La Esperanza Macarena decide que la Virgen no salga en procesión en Semana Santa portando el fajín militar regalado por Queipo. En 2011 se publican los primeros volúmenes del Diccionario biográfico español, encargado por la Real Academia de Historia. Su entrada sobre Muñoz Grandes describe su papel al frente de la campaña de la División Azul en las cercanías de Leningrado como una esforzada hazaña militar. El 14/07/2022 se aprueba en el Congreso la Ley de Memoria Democrática con el voto en contra de PP, Vox y Ciudadanos. Núñez Feijóo calificó la ley de «desmemoria» que persigue «el enfrentamiento y se basa en el rencor». Días después Yolanda Díaz anuncia la retirada de la Medalla al Mérito en el Trabajo a Franco y a otros 5 miembros del régimen. En octubre del 2022 el Gobierno solicita a la Hermandad de La Esperanza Macarena la exhumación de los restos de Queipo del Llano. Es inmediata consecuencia de la reciente Ley de Memoria Democrática, que también supone la extinción del marquesado de Queipo del Llano. El 3 de noviembre son exhumados los restos, de madrugada, entre gritos de Viva Franco y Viva Queipo. El 24/04/2023 son exhumados los restos de Jose Antonio Primo de Rivera del Valle de Cuelgamuros [Valle de los Caídos].

● España es un lugar complicado y viejo, con tres mil años de verdadera memoria histórica, donde antes de la Guerra Civil, fecha a la que aquí se remite toda referencia y clave de nuestros males, ocurrieron otras cosas. Aunque despachara a moros y cristianos, por ejemplo, el Cid no era franquista. Ni Cervantes, aunque escribió en castellano. Tampoco los Reyes católicos, que expulsaron a los judíos, o Felipe III, que echó a los moriscos. Y la bandera roja y amarilla, pásmense todos, no la impuso Franco en 1936, sino Carlos III -que era un rey ilustrado- en 1785, inspirada en la antigua señal del reino de Aragón. (Arturo Pérez Reverte)

En marzo de 2024 el tribunal federal número 1 de La Plata dicta sentencia condenando a prisión perpetua a 10 expolicías represores por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura argentina (1976-1983). La causa, iniciada en 2020, examinó más de 400 casos ocurridos en tres centros clandestinos de Buenos Aires. Se consideró probado el secuestro, desaparición forzada de perseguidos políticos, homicidio, tortura, violación, sustracción de niños, abortos forzados y otros crímenes. Los hechos ocurrieron en los centros clandestinos de detención conocidos como Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes. Al centro conocido como Brigada de Lanús le daban el sobrenombre de el infierno por las atrocidades que allí se cometían contra perseguidos políticos. Los centros funcionaron bajo la supervisión del temible exdirector de la policía de la provincia de Buenos Aires Miguel Etchecolatz, también acusado en la causa pero que falleció en prisión a los 93 años en julio de 2022, mientras cumplía nueve condenas a prisión perpetua. La dictadura se cobró más de 30.000 víctimas.